“Podría haber dotado a los departamentos afectados de los recursos necesarios”, señala
MADRID, 23 (EUROPA PRESS)
El Defensor del Pueblo ha criticado a la Comunidad de Madrid por “no haber previsto la repercusión que iba a tener el Bono Alquiler Joven, así como el incremento de recepción de solicitudes”, y ha asegurado que podría haber dotado a los departamentos afectados de los recursos “necesarios”.
Así consta en su Informe Anual correspondiente a 2023, presentado en el Congreso de los Diputados y recogido por Europa Press, en el que recalca que la gestión de esta ayuda suscitó “un número elevado de quejas”, sobre todo en Madrid, Andalucía, Galicia y Región de Murcia.
En este sentido, la institución indica que la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras había recibido más de 50.000 solicitudes. El régimen de estas ayudas es de concesión directa por estricto orden cronológico de entrada hasta agotar el crédito disponible, siempre que la solicitud cumpla los requisitos y la documentación a aportar esté completa.
“Es preciso resaltar el problema existente en Madrid respecto a la liquidación de las subvenciones del Bono Alquiler Joven, una cuestión que motivó en 2023 numerosas quejas. Sus expedientes se incluyen en los listados de beneficiarios al cobro, pero meses después de la publicación de dichos listados, los beneficiarios continuaban sin recibir el abono de la subvención”, señala.
El Defensor del Pueblo recuerda que el área que dirige Jorge Rodrigo manifestó que el trámite se ralentizó debido a la “carga administrativa”. En el mes de noviembre, comunicó que estaba en proceso de revisión de la documentación aportada por los interesados para poder continuar con la tramitación de los pagos ya iniciados, conforme al presupuesto de la Comunidad de Madrid del año 2023, que serían abonados una vez finalizados los trámites de intervención.
“Las demoras en los pagos de las ayudas desvirtúan la naturaleza propia de la ayuda y el fin para el que fueron creadas. La Consejería de Vivienda no actuó con la previsión debida al no contemplar la repercusión que la subvención podría tener entre los jóvenes con el fin de dotar a los departamentos afectados de los recursos necesarios”, lamenta.
A nivel nacional, el defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, califica de “insuficiente” la gestión del Bono del Alquiler Joven en algunas consejerías autonómicas y ha advertido de un “grave incumplimiento” del plazo máximo previsto para dictar y notificar la resolución de las solicitudes.
Ante esta situación, el Defensor del Pueblo asegura que los jóvenes no están recibiendo apoyo desde la Administración y ha criticado a algunas administraciones, como la Xunta de Galicia, por desestimar las solicitudes atendiendo al silencio administrativo al transcurrir el plazo de resolución, o de la Junta de Andalucía, que expuso que se había dilatado en el tiempo la tramitación de las ayudas por causa ajena a esa Administración, dado el número de solicitudes presentadas.
Por otro lado, Gabilondo advierte de que la falta de vivienda pública y en régimen de alquiler es un problema “especialmente grave” para los jóvenes en su proceso de emancipación y pone en cuestión la eficacia de los gobiernos municipales, autonómicos y central, que son quienes deben resolver el problema.
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