También reclama a la magistrada que expulse al PSOE y a Más Madrid del procedimiento
MADRID, 3 (EUROPA PRESS)
Alberto González Amador ha solicitado a la jueza Inmaculada Iglesias declarar de forma voluntaria en la pieza separada abierta para que se investiguen posibles nuevos delitos diferentes a los fiscales después de que la Audiencia Provincial de Madrid haya avalado la incoación de diligencias a instancias de la acusación popular que conforman el PSOE y Más Madrid.
En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la defensa de la pareja de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, pide a la magistrada que se acuerde “tan pronto lo permita la agenda del Juzgado la declaración de Alberto González Amador con el fin de clarificar cualquier extremo relacionado” con dicha investigación paralela. De igual modo, reclama que la acusación popular sea expulsada del procedimiento desgajado del principal.
En otro escrito, los abogados solicitan también a la jueza que suspenda la pieza principal en la que se instruye la presunta comisión de dos delitos fiscales y otro de falsedad documental al considerar que resulta “incompatible” la existencia de delito fiscal alguno con que el origen de los ingresos de Quirón Prevención S.L. sean fruto de “una actividad delictiva”.
Y piden que se suspenda “hasta que se descarte en la pieza separada que los ingresos de Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el fomento del Medioambiente, S.L. con origen en Quirón Prevención S.L., tuviesen un supuesto origen ilícito”.
En un auto dictado este lunes, los magistrados desestiman el recurso de apelación interpuesto por los abogados de González Amador contra el auto por el que el Juzgado número 19 de Madrid incoaba pieza separada.
NO DECLARÓ
González Amador compareció el pasado lunes ante la magistrada como investigado en la pieza principal, si bien se acogió a su derecho a no declarar por consejo de sus abogados hasta que este recurso se resolviera al afectar a la causa que se instruye por dos delitos fiscales.
“Las operaciones económicas y jurídicas realizadas, podrán o no tener el alcance que se reseña, pero a la conclusión que corresponda debe llegarse tras la correspondiente investigación abierta”, señalan los jueces.
La magistrada acordó el pasado mes de octubre abrir una investigación aparte del procedimiento principal por el supuesto uso de una sociedad instrumental para “ocultar unos ingresos” del Grupo Quirón que debían haber sido declarados.
Y lo hizo al estimar de forma parcial un recurso de reforma interpuesto por el PSOE y Más Madrid contra el auto en el que la jueza denegó el pasado 31 de julio todas diligencias interesadas por esta parte que ejerce la acusación popular.
NUEVOS DELITOS
La pieza separada se abría para investigar posibles nuevos delitos “en la utilización de la sociedad instrumental o de pantalla a Masterman S.L mediante la cesión parcial de un contrato de servicios suscrito entre Maxwell Cremona S.L –empresa de Alberto González Amador– y su cliente Quirón Prevención S.L”.
La resolución analizaba “si los hechos relacionados con la utilización de la sociedad interpuesta Materman SL para ocultar unos ingresos que debían haber sido declarados por Maxwell Cremona S.L. pueden ser constitutivos de otros delitos que deben ser investigados”.
La acusación popular entendía que detrás de la simulación subjetiva de ese negocio jurídico puede haber “una administración desleal, como apunta el Abogado del Estado o incluso un delito de corrupción en los negocios o ambas cosas atendiendo al importe pagado de casi 500.000 euros por las participaciones de Masterman S.L en ese momento propiedad de la mujer del presidente de Quirón Prevención”.
Entiende que podría tratarse de “una contraprestación que podría deberse por la adjudicación de los contratos que le fueron adjudicados a Maxwell y después a Masterman por Quirón Prevención o bien una contraprestación por la operación en la que Maxwell intermedió y por la que MAPE Asesores adquirió productos sanitarios de las empresas FCS Products, SL e Inteconn, INC ya que como resultado de esas operaciones, Maxwell facturó a ambas empresas 2.021.900 euros en 2020”.
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