La Comunidad destaca la “mejora de condiciones laborales”, mientras que la ministra alerta que “restringe el derecho de protesta”
MADRID, 1 (EUROPA PRESS)
El nuevo convenio que sindicatos firmaron con la Comunidad de Madrid para el personal funcionario y laboral al servicio de la Administración regional ha entrado en vigor este miércoles, 1 de enero, y sobre él ya hay una petición de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de impugnarlo, al que se suman las críticas de Más Madrid por restringir el derecho de protesta.
La firma de este acuerdo tuvo lugar el pasado 10 de diciembre en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional. La presidenta, Isabel Díaz Ayuso, y los sindicatos CC.OO., UGT, CSIF y CSIT-Unión Profesional destacaron que este convenio iba a beneficiar a 40.000 empleados públicos.
“Hoy es un día importante para la región. El acuerdo asegura la mejora de las condiciones laborales de sus funcionarios y de los servicios públicos. Todo es fruto de la conversación y el diálogo constante con las representaciones sindicales”, remarcó la dirigente madrileña.
En concreto, el Gobierno autonómico invertirá 60 millones de euros en los próximos cuatro años (hasta el 31 de diciembre de 2028) para mejorar las condiciones retributivas, la formación y la carrera profesional de más de 40.000 empleados públicos. La Consejería de Economía, Hacienda y Empleo defendió que con la duración del convenio “se garantizará la paz social lo que resta de legislatura y casi la mitad de la siguiente”.
Entre las principales novedades, incluirá la carrera profesional para los trabajadores públicos destinados en el sector de administración y servicios, una medida que la jefa del Ejecutivo autonómico ya avanzó en el último Debate del Estado de la Región.
Los representantes de CC.OO., UGT, CSIF y CSIT-Unión Profesional subrayaron que el acuerdo había conseguido “un beneficio importante a nivel económico”, incluía la carrera profesional, la jubilación anticipada y un modelo de movilidad permanente, y reconocía “el esfuerzo, el sacrificio y la dedicación de los funcionarios”.
CC.OO., PRIMER SINDICATO EN DESLIGARSE
Sin embargo, el 20 de diciembre, mientras el Pleno de la Asamblea de Madrid debatía el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales, CC.OO. emitió un comunicado para pedir la retirada de dos artículos del nuevo convenio que “podrían vulnerar derechos laborales básicos”.
Se refiere al artículo 10 y la disposición adicional décima de este acuerdo. “Las organizaciones sindicales que suscriben el presente convenio se comprometen a no promover durante toda su vigencia, directamente o a través de una de sus federaciones o sindicatos asociados, manifestaciones, campañas o cualquier otra medida de conflicto colectivo que tengan como finalidad o como efecto, directos o indirectos, la modificación de lo acordado, de conformidad todo ello con el principio de buena fe negocial”, explica el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM).
De producirse un incumplimiento de lo anterior, y tras la exposición ante la comisión paritaria de los hechos en que se haya concretado el mismo, “la Administración podrá acordar la suspensión de la implantación de la carrera profesional horizontal, incluida la interrupción de sus efectos retributivos”.
Desde el sindicato aseguraron que una vez conocieron el contenido, “CC.OO. hizo las gestiones encaminadas a que se eliminaran los mismos del texto” y e instaron a que “se paralizara o se aplazara la firma de dicho convenio hasta que fuera ratificado por las estructuras correspondientes del sindicato”.
“Siempre defendemos los derechos de las personas trabajadoras, independientemente de su condición laboral, prestando especial atención durante las negociaciones colectivas a incluir claúsulas de no discriminación y de defensa de los derechos fundamentales. No vamos a permanecer impasible ante lo que podría suponer un atropello a los derechos y libertades”, remarcó.
DÍAZ PIDE IMPUGNARLO
La primera reacción política fue de Yolanda Díaz. El pasado 27 de diciembre solicitó a la Fiscalía y al Defensor del Pueblo actuar contra el convenio porque “abren la puerta” a que en caso de que se convoquen huelgas, concentraciones o manifestaciones por parte de sindicatos firmantes, la administración pueda acordar la “suspensión de la implantación de la carrera profesional horizontal, incluida la interrupción de sus efectos retributivos” del personal a su servicio.
Según explicaron a Europa Press fuentes del Ministerio de Trabajo, las disposiciones implican una “degradación de la participación democrática” de las personas trabajadoras “todavía más llamativa”, si cabe, al producirse en los convenios colectivos que rigen las relaciones laborales de los empleados públicos de una comunidad autónoma, en este caso la de Madrid.
Además, añadió que se trata de una cláusula de paz que “desborda lo admisible” para este tipo de contenidos obligacionales, generando efectos más allá de las organizaciones firmantes y generando de forma “asombrosa consecuencias negativas” para las personas trabajadoras más allá de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica de libertad sindical.
LA COMUNIDAD DEFIENDE EL ACUERDO
“Es una intromisión intolerable y un atentado contra los acuerdos, la negociación y contra la paz social. Algo que ella no conoce y que no ha conseguido hasta ahora”, criticó la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, en declaraciones remitidas a los medios de comunicación.
Ante la petición de Díaz, la consejera madrileña cargó contra la ministra por “querer boicotear un convenio firmado por unanimidad con todos los sindicatos que tienen representatividad”. Asimismo, señaló que “el acuerdo cumple con todos los trámites legales previstos para el mismo”.
“Quiere perjudicar a más de 40.000 trabajadores públicos que van a mejorar sus condiciones y que pueden llegar a incrementar su sueldo hasta un 50%. Lo que denuncia es un acuerdo entre dos partes: Administración y Organizaciones Sindicales. ¿Quién es la ministra para tutelar la acción de los sindicatos que han firmado?”, ha lanzó Albert.
La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, también se unió a las críticas del Gobierno autonómico: “Estamos en un permanente boicot y no hay un solo día en el que el Ejecutivo central no actúe en contra de la capital de España, de la región que es la locomotora económica, cultural y deportivo”.
MÁS MADRID PIDE LA COMPARECENCIA DE ALBERT
Por su parte, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, manifestó que el nuevo convenio “pone en peligro el derecho a la huelga y la libertad de expresión de los trabajadores públicos” y pidió la comparecencia de la consejera de Economía, Hacienda y Empleo.
“No vamos a permitir que haya un Gobierno imponiendo cláusulas de dudosa legalidad ni amenazando a las y los trabajadores”, subrayó la portavoz de la formación tras registrar una batería de preguntas sobre el acuerdo de la Mesa Sectorial del Personal Funcionario de Administración y Servicios.
En este sentido, Begerot indicó que “si el Ejecutivo de Ayuso quiere evitar la huelga, que comience devolviendo la jornada laboral de 35 horas a los empleados públicos, que perdieron tras los recortes de la expresidenta Esperanza Aguirre y todavía no han recuperado, al contrario que ya han hecho la mayoría de las comunidades autónomas”.
La última reacción sindical ha sido por parte de Satse Madrid. Este lunes informó que denunciará ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) el convenio para funcionarios por considerar que “perjudica gravemente los intereses de enfermeras, enfermeras especialistas y fisioterapeutas”. Asimismo, cargó contra los sindicatos que firmaron el acuerdo por “plegarse a los deseos de la Comunidad de Madrid”.
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