El TACP señala que la fórmula elegida por la Comunidad es “ajustada a derecho”
MADRID, 9 (EUROPA PRESS)
El Tribunal Administrativo de Contratación Pública ha desestimado el recurso interpuesto por el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) contra el proyecto de la Ciudad de la Justicia de la Comunidad de Madrid.
En una notificación fechada ayer jueves, a la que ha tenido acceso Europa Press, el organismo no tiene en consideración el recurso del COAM dado que no es obligatorio el concurso de proyectos requerido previo a la concesión de las obras para asegurar la calidad de la arquitectura.
En el recurso presentado por el COAM esgrimían que la convocatoria de estas actuaciones por la Comunidad de Madrid a través de un procedimiento de concesión de obras con redacción de proyectos “deja fuera de control público y desprotege el interés general de la arquitectura y de su calidad de esos 28 edificios y sus infraestructuras vulnerando las exigencias que la Ley de Calidad de la Arquitectura impone a las administraciones públicas”.
El Tribunal considera que el decano del COAM “pretende el cambio de tipología de contrato justificando dicha solicitud en el incumplimiento de los principios rectores que la nueva Ley de Contratos establece” pero recuerda que la Administración “puede elegir el tipo contrato que quiere licitar dentro de las posibilidades que ofrece la ley”.
“En este caso la Administración ha optado por una concesión de obras, la cual puede incluir en su objeto, como es el caso, la redacción del proyecto”, recoge el texto, que añade que la concesión de obras regulada en la ley “comprende en su totalidad el objeto del contrato, por lo que su elección es ajustada a derecho”.
“Otra cuestión es que este proyecto se hubiera podido licitar de forma distinta, esto es, acudiendo a un contrato de obras y posteriormente a un contrato de servicios de mantenimiento de las instalaciones e, incluso llegado el caso, a un concurso de proyectos. Pero es el órgano de contratación quien tiene atribuidas las competencias para elegir en el caso de darse esta posibilidad, como es la que nos ocupa, la tipología contractual a utilizar”, ha indicado el Tribunal.
El mismo órgano declara que no se aprecia la concurrencia de mala fe o temeridad en la interposición del recurso, por lo que no procede la imposición de la sanción prevista en la norma. Contra la resolución cabe la interposición de recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en el plazo de dos meses.
La Comunidad de Madrid, por su parte, garantizará “que se cumpla la Ley de Calidad de la Arquitectura, no solo en la Ciudad de la Justicia sino en cualquier otro tipo de proyecto relacionado con cualquier infraestructura judicial que se lleve a cabo en la región”, han trasladado fuentes autonómicas.
Igualmente el Gobierno regional se ha comprometido a tener en cuenta las aportaciones que pudiera realizar el COAM ante cualquier tipo de proyecto en aras de cumplir con la Ley de Calidad de la Arquitectura “siendo bien acogidas las aportaciones que este Colegio considere oportuno realizar en un futuro”.
EL PROYECTO PERMITIRÁ UN AHORRO DE MÁS DE 20 MILLONES
El plazo para la concesión del contrato para la construcción, conservación y explotación de la nueva Ciudad de la Justicia del Partido Judicial de Madrid finaliza el 20 de octubre de 2022, cuyo valor estimado es de 2.847.986.667,47 euros.
Esta gran infraestructura se convertirá en el principal hito del Plan Justicia 21×21, una iniciativa de modernización y humanización de la Administración de Justicia en Madrid diseñado por el Gobierno autonómico. Se calcula que dará servicio diario cuando entre en funcionamiento a más de 30.000 personas, entre usuarios, funcionarios, empleados y operadores del sector.
La fórmula elegida por la Administración regional para la Ciudad de la Justicia consiste en una concesión con un plazo máximo de 40 años. El canon asciende, como máximo, a 49,3 millones de euros –más IVA–, cantidad que no será sometida a revisión y sólo en un 20% de la misma- hasta el octavo año del contrato. Además, esta cuantía solo será examinada nuevamente hasta que el licitador recupere la inversión realizada, y podrá ser rebajada por los licitadores en la oferta que presenten.
Esta cifra supondrá para las arcas públicas de la Comunidad de Madrid un ahorro superior a los 20 millones de euros respecto a los 72 que invierte anualmente el Gobierno autonómico en la prestación del mismo servicio, incluyendo, entre otros gastos, arrendamientos, vigilancia, limpieza, suministro eléctrico o archivo.
DOTACIONES PREVISTAS EN EL COMPLEJO
El complejo contará con dotaciones como aparcamientos, edificios para usos profesionales, centros deportivos, de ocio y salud, cafeterías y una escuela infantil, todo ello encaminado a la conciliación laboral y familiar y para mejorar la calidad de vida de sus usuarios.
Uno de los principales criterios que van a tener en cuenta los técnicos de la Consejería a la hora de valorar las ofertas que se presenten es la accesibilidad universal y la supresión de barreras arquitectónicas para cualquier persona que tenga una discapacidad. Se trata de uno de los objetivos del Plan Justicia 21×21 de modernización y humanización de las infraestructuras judiciales.
También sumarán puntos las propuestas que se comprometan a alcanzar los máximos objetivos en materia de eficiencia energética. Entre ellos, que el 100% de la electricidad que se consuma y suministre en la Ciudad de la Justicia proceda de fuentes de energía renovables y de cogeneración.
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