MADRID, 30 (EUROPA PRESS)
El Colegio Profesional de la Criminología de la Comunidad de Madrid (CPCM) ha pedido este jueves más implicación de las tres administraciones y un trabajo multidisciplinar serio y profesional para acabar con la problemática de convivencia social, falta de salubridad y ‘narcokupación’ que viven los vecinos de varios bloque de la madrileña calle Cullera.
El representante del CPCM, miembro del Grupo de Trabajo de Criminología Aplicada a la Función Policial, Ignacio Borja González Behrendt, ha señalado a los medios que en estas zonas de conflicto social están intentando barajar la posibilidad de actuar de una manera multivectorial entre las distintas asociaciones y las distintas administraciones.
“Hemos tenido la problemática de la falta de colaboración por ahora entre distintas administraciones con las necesidades que tenemos de hablar con ellos. Y el Colegio lo que ha planteado hoy a la Delegación del Gobierno y a los vecinos es poder llegar a un plan y conseguir implementar una solución a toda la problemática en esa zona”, ha apuntado.
Para González Behrendt, la actuación de la Policía Nacional está siendo “muy correcta”, pero se necesita dotar la zona de una cierta seguridad, salubridad, higiene, videovigilancia, acción social respecto a la reinserción de efectos toxicómanos “y, sobre todo, intentar cooperar en lo que es la facilitación a la hora de aprender e instruir un poquito a las asociaciones vecinales para cooperar con nosotros y con el resto de administraciones para que se cree un entorno de seguridad y de convivencia”.
“El trabajo que ha hecho Policía Nacional ha sido excelente, la verdad, ha bajado mucho el índice de criminalidad, pero el problema no acaba ahí, porque el problema sigue enquistado. Lo que se necesita es un trabajo detrás que conlleve la reubicación de ciertos componentes que pueden desestabilizar la zona. Entonces, la realidad es que no solo es la actividad de seguridad, sino que también necesitan una implicación de distintas disciplinas que puedan abordar todos los problemas que se están dando allí”, ha concluido.
LA PROPUESTA DE LOS CRIMINÓLOGOS
La pasada primavera, el CPCM realizó un trabajo de campo, titulado ‘Propuesta criminológica para una intervención y prevención eficaz en el barrio de Lucero (Madrid)’, que contó con entrevistas realizadas a los vecinos, quienes revelaron que la problemática comenzó con la llegada de una familia conflictiva que ha ocupado varias viviendas.
Desde entonces, califican como “dramática” la convivencia, salubridad e inseguridad de la zona y destacan que las intervenciones policiales han sido “insuficientes” y los narcotraficantes se sienten “intocables”. Por tanto, los vecinos han perdido la confianza en las instituciones y expresan una sensación de “vulnerabilidad e indefensión”.
Ante este problemática, el Colegio ha desarrollado una serie de recomendaciones basadas en teorías criminológicas y experiencias similares en otros países. Pasa por involucrar a los propietarios, realizando talleres de formación y aplicar sanciones a los propietarios que no cooperen con las autoridades para eliminar el tráfico de drogas.
También implementar medidas comunitarias, como lanzar campañas informativas, fomentar la creación de comités vecinales y organizar marchas antinarcóticos. Desde el punto de vista policial, establecer zonas de aparcamiento exclusivo para residentes, reorganizar el tráfico, aumentar la presencia policial e instalar cámaras de vigilancia. Medidas
Otras medidas judiciales pasan por implementar programas que permitan a los residentes demandar a los propietarios por daños y utilizar la legislación para confiscar propiedades usadas para actividades delictivas.
Por otro lado, los criminólogos madrileños proponen mejorar la iluminación y el control de acceso en los edificios, rediseñar y mantener los espacios comunes, e instalar cámaras en zonas estratégicas. También defienden informar a los bancos sobre las propiedades afectadas y aplicar sanciones económicas a propietarios inactivos.
Asimismo, solicitan asegurar el cumplimiento de normativas de construcción y seguridad, y realizar inspecciones periódicas, implementar programas de tratamiento y rehabilitación para usuarios de drogas e involucrar a las administraciones, informando y exigiendo una actuación conjunta y coordinada de todas las administraciones implicadas.
Los criminólogos madrileños señalan que estas medidas, combinadas de manera estratégica y adaptadas a las condiciones específicas del barrio de Lucero, “pueden ayudar a reducir y eventualmente eliminar el problema de los narcopisos”.
Estas estrategias se deben basar en estudios de investigación criminológica y de informes policiales que subrayan “la importancia de adaptar las respuestas a las circunstancias específicas de este espacio y de involucrar a todos los actores relevantes” en la solución del problema, entre los que citan a vecinos, asociaciones culturales del barrio, Ayuntamiento y Delegación del Gobierno, Policía Nacional y Municipal y Juzgados.
LOS PROBLEMAS VECINALES
Tras la reunión, una vecina ha explicado a los medios la situación “insostenible de inseguridad y degradación” que viven en su comunidad. En los edificios de Cullera 14 y 16, los portales no pueden cerrarse, lo que facilita la entrada de personas ajenas a la comunidad de residentes.
“Nos encontramos con toxicómanos entrando y saliendo a cualquier hora”, relata la vecina. Además, la infraestructura del edificio está gravemente dañada: los cables eléctricos han sido arrancados, los ascensores están en condiciones deplorables y las empresas de limpieza y mantenimiento se niegan a trabajar en la zona por la insalubridad y el peligro que supone”, ha expuesto.
Los vecinos también han denunciado la presencia constante de jeringuillas y restos de robos en las escaleras y el foso de los ascensores. “Hemos encontrado documentación robada, carteras y otros objetos que los delincuentes descartan después de cometer los robos”, señala la afectada. Además, los ocupantes de las viviendas enganchan ilegalmente la luz y el agua, lo que ha generado cortes en el suministro y un incremento en las averías.
Uno de los problemas más graves es la deuda comunitaria, que ya alcanza los 150.000 euros. “Son viviendas de protección oficial y muchas personas mayores con pensiones mínimas han tenido que pagar derramas de 80 euros para cubrir las reparaciones más urgentes”, denuncia la vecina.
Las empresas de suministro eléctrico también han sido víctimas de amenazas con armas blancas cuando han intentado cortar las conexiones ilegales. Esta situación ha llevado a que empresas de reparto y limpieza se nieguen a trabajar en la zona si no cuentan con escolta policial. “Incluso los jardineros llaman a la policía antes de venir”, añade la vecina.
A pesar de la actuación policial reciente, los vecinos temen que la situación vuelva a empeorar en cuanto finalicen las órdenes de alejamiento. “Si no se desocupan las viviendas, volveremos al punto de partida”, advierten. En este sentido, exigen que la Comunidad de Madrid intervenga con un plan de desocupación y reasignación de viviendas a personas que realmente las necesiten.
Esta afectada también ha criticado el retraso de las cámaras de vigilancia prometidas en la calle. Aunque reconoce que no son la solución definitiva, consideran que ayudarían a disuadir a los delincuentes y a controlar mejor la situación.
Los vecinos insisten en la necesidad de una actuación coordinada entre el Ayuntamiento, la Comunidad de Madrid y la Delegación del Gobierno. “La Policía ha hecho un gran trabajo, pero no puede solucionarlo todo sola”, indica.
Después de más de una década de problemas, la comunidad de la calle Cullera sigue esperando una solución definitiva. “No podemos desanimarnos, vamos a seguir luchando hasta que nos escuchen”, concluye la vecina.
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