MADRID, 4 (EUROPA PRESS)
Cientos de manifestantes han reclamado este martes a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, poner en marcha acciones de memoria para que se recuerden las torturas que tuvieron lugar durante el franquismo en la Real Casa de Correos, actual sede del Gobierno regional y en aquel entonces Dirección General de Seguridad (DGS).
Los colectivos convocantes han trasladado como principales peticiones la colocación de una placa, como ya existe para el 2 de Mayo, las víctimas del 11-M y del Covid, que permita saber a todas las personas que pasen por delante del edificio “lo que ahí sucedió durante la dictadura”. Asimismo, han pedido abrir al público el sótano, el lugar donde se encontraban en aquella época los calabozos.
Durante la concentración, se han escuchado proclamas como “sin memoria no hay democracia” o “hay que juzgar al franquismo criminal”, ambas repetidas en numerosas ocasiones. Los manifestantes se han organizado detrás de una pancarta en la que podía leerse ‘DGS, lugar de represión franquista, DGS lugar de memoria’.
Entre los asistentes a la protesta se encontraban numerosas personas que experimentaron el encierro en la Dirección General de Seguridad durante la dictadura. Uno de ellos es Julio Pacheco, detenido en 1975 por ser militante del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP), quien ha descrito un ambiente “de aislamiento total, sin referencias al tiempo y sometido a agresiones constantes”.
“No sabía si era de día o de noche porque estaba siempre con luz artificial. Te sentías expulsado, impotente, ante unas personas que podían hacer contigo lo que quisieran”, ha recordado, a la vez que se ha mostrado frustrado porque “no hay una placa que recuerde lo sucedido”.
DEFIENDE LA MEMORIA CINCO DÉCADAS DESPUÉS
Preguntado por su insistencia más de cinco décadas después de su arresto, otro manifestante presente en la concentración considera que el Gobierno regional hace evidente “que se borra y se blanquea toda una parte de la historia de España que ha sido fundamental para algunas generaciones”.
A la concentración también ha acudido el presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (Fravm). Sobre el tiempo transcurrido, ha lamentado que España “aún tenga pendiente la recuperación de su memoria democrática”. “Han pasado 50 años, lo que demuestra que llegamos muy tarde. Es una asignatura pendiente que poco a poco se va recuperando, pero no hemos hecho todo lo que debíamos en su momento”, ha asegurado.
También ha destacado el papel del movimiento vecinal en esta lucha, recordando que muchas personas involucradas en él sufrieron la represión de la dictadura “siendo torturados e incluso asesinados por los cuerpos represores”.
EL GOBIERNO REGIONAL SE REAFIRMA EN SU NEGATIVA
Por su parte, Díaz Ayuso ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Constitucional y en “todos los frentes posibles” la intención del Gobierno central de declarar la Real Casa de Correos como Lugar de Memoria. “El guerracivilismo no vencerá”, ha señalado en un mensaje en el que ha acusado al Gobierno central de utilizar la Ley de Memoria Democrática “para dinamitar la Transición”, al tiempo que ha defendido que esta medida supone una “invasión” de competencias autonómicas.
El Gobierno regional ya ha presentado alegaciones contra la iniciativa del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, argumentando que la propuesta interpreta “de forma sesgada la historia” y vulnera sus competencias en la gestión del patrimonio. Además, considera que esta declaración supondría un “ataque a una institución de autogobierno” y critica la falta de comunicación previa por parte del Ejecutivo central antes de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Desde la Comunidad de Madrid recuerdan que la Real Casa de Correos cuenta con la máxima protección como Bien de Interés Cultural y defienden que la iniciativa del Gobierno carece de los requisitos necesarios que establece la Ley 20/2022 de Memoria Democrática. En su escrito, sostienen que, de llevarse a cabo, esta declaración sería contraria a la propia normativa que se pretende aplicar.
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