“La ministra se mete donde no le corresponde”, lanza
MADRID, 2 (EUROPA PRESS)
La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, ha señalado que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tiene “envidia” de la región por haber conseguido un acuerdo para el nuevo convenio de funcionarios.
Así lo ha manifestado este jueves después de que Díaz haya solicitado a la Fiscalía y al Defensor del Pueblo actuar contra el convenio porque “abren la puerta” a que en caso de que se convoquen huelgas, concentraciones o manifestaciones, la administración pueda acordar la “suspensión de la implantación de la carrera profesional horizontal, incluida la interrupción de sus efectos retributivos”.
“Estamos sorprendidos porque es un convenio que ha contado con la unanimidad de los cuatro sindicatos que eran representativos: CC.OO., UGT, CSIF y CSIT-Unión Profesional. La ministra precisamente no consigue ningún acuerdo, parece que le damos envidia”, ha lanzado.
Albert ha defendido que “los representantes de los trabajadores han aprobado un convenio que puede suponer, en el mejor de los casos, a duplicar tu salario de acuerdo con objetivos” o que haya “movimientos en horizontal y en vertical”, así como la carrera profesional. En este sentido, ha reiterado que “no comprende” la posición de la vicepresidenta segunda.
“La ministra se mete donde no le corresponde porque los acuerdos se firman entre los representantes de los trabajadores, en este caso, la Administración, y los representantes sindicales”, ha zanjado la consejera madrileña.
PETICIÓN DE DÍAZ
En diciembre, Díaz solicitó a la Fiscalía y al Defensor del Pueblo actuar contra el convenio porque “abren la puerta” a que en caso de que se convoquen huelgas, concentraciones o manifestaciones por parte de sindicatos firmantes, la administración pueda acordar la “suspensión de la implantación de la carrera profesional horizontal, incluida la interrupción de sus efectos retributivos” del personal a su servicio.
Según explicaron a Europa Press fuentes del Ministerio de Trabajo, las disposiciones implican una “degradación de la participación democrática” de las personas trabajadoras “todavía más llamativa”, si cabe, al producirse en los convenios colectivos que rigen las relaciones laborales de los empleados públicos de una comunidad autónoma, en este caso la de Madrid.
Además, añadió que se trata de una cláusula de paz que “desborda lo admisible” para este tipo de contenidos obligacionales, generando efectos más allá de las organizaciones firmantes y generando de forma “asombrosa consecuencias negativas” para las personas trabajadoras más allá de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica de libertad sindical.
La firma de este acuerdo tuvo lugar el pasado 10 de diciembre en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional. La presidenta, Isabel Díaz Ayuso, y los sindicatos CC.OO., UGT, CSIF y CSIT-Unión Profesional destacaron que este convenio iba a beneficiar a 40.000 empleados públicos.
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