MADRID, 12 (EUROPA PRESS )
La Audiencia Provincial de Madrid juzgará mañana a una pareja acusada de estafar a dos sociedades y cuatro personas con un pack que incluía viajes y entradas para asistir a los campeonatos del mundo de motociclismo.
El fiscal solicita nueve años de prisión para la acusada y siete para su pareja. Les imputa un delito de estafa con la circunstancia agravante de multirreincidencia y a la persona jurídica Aupa Travel S. L., de la que era dueña la mujer, mientras que el hombre era administrador único, una pena de multa de 2.924.310 euros.
La Fiscalía afirma que ambos acusados gestionaban la empresa Aupa Travel S. L., cuyo objeto social era el de agencia de viajes minorista y mayorista, siendo administrador único de la mercantil el varón y dueña de la mercantil la mujer.
La pareja, “de común acuerdo”, hizo creer en el año 2020 a cuatro personas y un par de sociedades que Aupa Travle S. L. tenía una importante solvencia empresarial que facturaba “miles de euros” y que, además, que era una agencia de viajes que formaba parte de Globalia o que tenía acuerdos para trabajar con importantes empresas como Dorna Sport S. L., la organizadora de los campeonatos de Moto GP a nivel mundial.
LA COMPRA DE PACKS DE MOTO GP
Una vez ganada su confianza de los perjudicados, los acusados les ofrecieron entrar en la compra de packs de Moto GP con seguro de cancelación a cargo de Axa Seguros Generales S. A. de Seguros y Reaseguros para el supuesto de que decidiesen no acudir a los eventos o que resultasen cancelados por cualquier motivo.
Los perjudicados accedieron a la compra de los packs de Moto GP y viajes, e ingresaron diversas cantidades de dinero en la cuenta de Aupa Travel S. L. Por ejemplo, la sociedad Materiales Inoxidables S.L, ingresó 400.296 euros. Manitox 2010 S. L.. 42,278 euros y a las otras cuatro personas un total de 135.552 euros.
Tras resultar cancelados los campeonatos y viajes, A, M. V. O. indicó a los perjudicados que iba a iniciar los trámites con las aseguradoras para que cobrasen la indemnización por cancelación y recuperasen su dinero.
Antes, sin embargo, les requirió para que ingresaran unas cantidades motivadas por los gastos de cancelación, indicándoles que el concepto que tenían que poner era “timbres” o “Banco de España”. Los querellantes, “convencidos de que era necesario pagar los gastos de cancelación”, ingresaron 21.550 euros en total.
Además, la acusada les exigió el pago de unas cantidades en concepto de IRPF para poder efectuar el pago de la indemnización, algo que solo hizo E. C. V. (2.100 euros). Pese a que los querellantes recibieron las facturas de abono en octubre de 2020, ya que hicieron los pagos correspondientes por gastos de cancelación, así como para IRPF, no llegaron a recuperar el dinero de la indemnización por cancelación.
Justo cuando los querellantes estaban haciendo los pagos para gastos de cancelación, los acusados se dirigieron a A.C.V. y E, C. V. para explicarles que su empresa tenía un problema puntual de liquidez, motivo por el cual les solicitó un préstamo, “a sabiendas de que no tenía la intención de devolverlo”.
Lo que ocurre es que los querellantes, “convencidos de que era cierto”, ingresaron en la cuenta de Aupa Travel S. L. otros 39.506 euros. En concepto de responsabilidad la Fiscalía reclama una indemnización de 730.536 euros.
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