La Fiscalía pide para los cuatro acusados de 5 a 47 años de prisión
BARCELONA, 4 (EUROPA PRESS)
El abogado de 3 de los responsables de un geriátrico de Sant Quirze del Vallès (Barcelona) ha dicho este martes en la primera sesión del juicio en la Audiencia que se les debe juzgar por 12 delitos contra la integridad moral de los usuarios, en vez de 21 como solicitan la Fiscalía y la acusación particular.
En el turno de cuestiones previas, ha afirmado que es una “acusación sorpresiva” porque se hizo una ampliación del objeto de procedimiento en el auto de continuación de procedimiento abreviado y que este hecho puede causar indefensión.
La Fiscalía le ha respondido que la cifra que aparece en el auto de apertura de juicio oral ya es de 21 delitos contra la integridad moral, por lo que “no hay acusación sorpresiva”.
La defensa también ha dicho que se les acusa de un delito subsidiario de abandono, pero que los escritos de acusación de la Fiscalía y de la acusación particular –que representa a dos de los socios del grupo– no concretan los hechos ni cuál es el residente discapacitado al que se están refiriendo, y ha pedido que se elimine por “inconcreción”.
El letrado ha añadido que otro de los casos por que la Fiscalía y la acusación particular piden condenar a uno de los procesados como autor de un delito contra la integridad moral y abandono hacia una de las usuarias ya se juzgó en la Sección 21 de la Audiencia de Barcelona y que salió absuelto en una sentencia que, además, ya es firme.
Tras retirarse a deliberar, el tribunal ha informado de que estas cuestiones se resolverán en la sentencia, pero que si uno de ellos ya ha sido juzgado por los mismos hechos no puede ser objeto de acusación sobre esa residente en concreto.
Según la fiscal, dos de los acusados –uno como administrador de una empresa de cátering y la otra como administradora del Llar Residencial per la tercera edaD Galaxis SL., titular de la Residencia geriátrica San Lisart– falsearon documentos para simular que servían menús completos a los residentes cuando en realidad repartían 18 entre los 24 usuarios.
“Con el propósito de obtener un enriquecimiento irregular”, la acusación pública sostiene en su escrito que estafaron a la Conselleria de Derechos Sociales de la Generalitat, que abonaba entre 800 y 1.000 euros por cada plaza pública y las familias completaban el resto hasta alcanzar los 1.600 ó 1.800; en el caso de las plazas privadas, la cuota mensual oscilaba de 1.400 a 1.800.
PRECIO “ABSOLUTAMENTE INSUFICIENTE”
En la primera sesión del juicio han declarado varios inspectores de los Servicios Sociales: una de ellas ha dicho que, tras recibir la denuncia de una de las socias del grupo, que gestionaba un total 3 geriátricos, descubrieron que todas las comidas costaban 4 euros por persona y día y que les llamó la atención el precio “absolutamente insuficiente”.
Al saber que “daban menos comida de la que tocaba a las personas”, se ordenó el traslado de los usuarios a otra residencia ubicada en Sabadell (Barcelona) y se revocó el convenio de la Generalitat con el geriátrico en cuestión.
La testigo ha lamentado haber olvidado muchos de los detalles por el paso del tiempo y ha manifestado que no se ocupó de varias de las inspecciones de Sant Lisart, pero ha dicho que envió un e-mail para pedir “que se tomara nota de las analíticas y de la situación en la que se encontraban” los residentes en el momento de su llegada a Sabadell, aunque no lo comprobó personalmente.
PRESUNTOS ESTAFA, ABANDONO Y FALSEDAD
La Fiscalía los acusa de un delito continuado de estafa en concurso ideal con un delito continuado de falsedad en documento mercantil y de 21 delitos contra la integridad moral en concurso de normas con un delito de abandono por omisión, por lo que pide penas de 5 a 47 años de cárcel y que indemnicen a cada usuario con 30.000 euros.
Acusa a dos de ellos de manipular los albaranes de entrega y las facturas emitidas para dar a los usuarios menos menús de los que deberían, “siendo los alimentos servidos notoriamente escasos y carentes de los nutrientes necesarios por día”, lo que provocó la desnutrición de algunos ancianos.
A los otros dos, al director y responsable higiénico-sanitario y a la encargada y supervisora del funcionamiento de la residencia, los acusa de una “intolerable dejación de sus funciones” por la malnutrición y mala higiene de los usuarios.
Considera que atentaron contra “su dignidad como seres humanos y con menosprecio absoluto a su edad y patologías”, que no se ocuparon de su higiene ni de proporcionarles útiles de aseo, y que los tenían en un estado de extrema precariedad y suciedad, según el escrito.
Añade que los residentes tenían mala higiene corporal, deshidratación en la piel y mucosas, que llevaban la ropa sucia, estaban sin afeitar, con las uñas largas, los dientes sin lavar y el pelo sucio; tampoco contaban con atención garantizada las 24 horas, el programa de actividades de estimulación era “inexistente” y no había control sobre las medicaciones.
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