El órgano de consulta del Ejecutivo andorrano, que aporta la visión ciudadana, hace público 15 recomendaciones
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 14 (EUROPA PRESS)
La Visura Ciutadana de Andorra, un órgano de consulta del Gobierno andorrano que aporta la visión ciudadana, considera que el Ejecutivo debería aplicar un índice de precios de referencia que permitiera regular el coste global de los alquileres teniendo en cuenta la situación geográfica, los metros cuadrados, el año de construcción y la eficiencia energética.
Esta es una de las 15 recomendaciones que incluye el informe sobre vivienda que ha hecho publico este martes el organismo de participación independiente que “pretende representar la voluntad de la ciudadanía” en las instituciones.
El documento intenta analizar la situación de la vivienda en el país a través del punto de vista de actores como el Raonador del Ciutadà (Defensor del Pueblo), el Instituto Nacional de la Vivienda (INH por sus siglas en catalán), el Gobierno o la Coordinadora por una vivienda digna.
En el informe se reconoce que es “muy difícil” resolver la problemática de la vivienda a corto plazo, e incluyen hasta 15 propuestas que piensan que podrían ayudar a encontrar una solución.
MEDIDAS
La Visura propone limitar el número de inmuebles que pueden adquirir los inversores extranjeros, quieren que todos estos inversores declaren todas sus inversiones en el país para evitar “situaciones de bloqueo” y endurecer los requisitos de residencia en el Principado.
También piden “frenar” el crecimiento urbanístico limitando los edificios de nueva construcción y advierten de que la financiación de los pisos sociales no puede ser soportada al 100% por las finanzas públicas.
Así, reclaman que cada nueva construcción debería respetar los objetivos de pisos sociales definidos por el Gobierno andorrano o el INH e incluir, por ejemplo, pisos sociales en cada edificio nuevo o participando en proyectos de construcción de pisos sociales.
Igualmente, piden más recursos para el INH para que pueda llevar a cabo inspecciones sobre el cumplimiento de la legislación sobre vivienda así como abrir un espacio ciudadano de denuncia sobre pisos vacíos.
Además, propone medidas para regular las subidas de los alquileres de locales, despachos comerciales y plazas de parking, y estudiar la posibilidad de establecer prórrogas limitadas en el tiempo.
De la misma forma inciden en “cambiar el modelo económico” para orientar el país hacia un nivel de remuneración superior con empleados calificados y regularizar los pisos turísticos obligando a que, por cada piso turístico nuevo, se ponga al mercado un piso de alquiler residencial.
También abren la puerta a poder hacer una consulta popular sobre el modelo de país que se quiere y establecer las medidas necesarias para evitar “la romantización de la pobreza actual”.
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