Los abogados defienden que es posible “en términos constitucionales”
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA) 20 (EUROPA PRESS).
Los abogados que representan a la familia Cierco –antiguos propietarios de Banca Privada de Andorra (BPA)– han presentado este jueves en una rueda de prensa una propuesta para tramitar una ley de amnistía que permita solucionar el ‘caso BPA’ y conseguir “la reconciliación social”.
Los abogados Xavier Jordana, Sònia Ruiz e Irina Monroy, del despacho Xavier Jordana Advocats, han defendido que jurídicamente “la única salida” al caso en un Estado de Derecho es la amnistía, una palabra que han argumentado que no significa un perdón, sino el olvido, en sus palabras textuales.
Los letrados han detallado que llevan 6 meses trabajando en la propuesta y que la han presentado ante instituciones, entidades y todos los grupos parlamentarios, quienes han mostrado “mucho interés y atención” para analizar si es posible.
En el caso del grupo parlamentario de Demòcrates, del que forma parte el jefe de Gobierno, Xavier Espot, han dicho que, después de un “golpe de puerta” inicial, en una segunda reunión más reciente se ha tenido una percepción buena.
IMPULSAR UNA PROPOSICIÓN DE LEY
La idea sería que todos los grupos parlamentarios impulsaran una proposición de ley que resolviera de forma quirúrgica, en palabras textuales de los abogados, una situación “enquistada” y que ha perjudicado al país.
Han hecho referencia a un dictamen del mes de marzo de 2024 de la Comisión de Venecia, que indica que en este tipo de casos debe existir un “diálogo constructivo” entre instituciones, entre la mayoría y la oposición parlamentaría, y también debe de tenerse en cuenta a la población.
En este sentido, han planteado la posibilidad de pedir un dictamen previo a la Comisión de Venecia antes de llevar la propuesta legislativa a trámite parlamentario para garantizar, como creen los juristas, que la amnistía no supondría ningún “peligro” para la credibilidad internacional de Andorra.
APLICACIÓN
Los abogados han dejado claro que la amnistía no podría ser de aplicación para los clientes que hayan podido llevar a cabo practicas de blanqueo y “se les debe juzgar sin remedio”, pero sí que aplicaría para los empleados, directivos y consejo de administración del banco.
La amnistía también beneficiaría a funcionarios o responsables de instituciones que han sido objeto de querellas criminales por parte de la familia Cierco y que actualmente se están instruyendo (unas 25 en total).
Según han detallado, extinguiría las responsabilidades civiles que mutuamente se reclaman la familia Cierco y la Agencia de Resolución de Entidades Bancarias (AREB) y permitiría al Principado “mirar hacia adelante y caminar sin esta injusta carga”.
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