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El señor Albiol tendrá que comparecer ante el juzgado en un proceso contra un exconcejal de Badalona (Barcelona), acusado de realizar obras sin haber obtenido la correspondiente licencia

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David Gómez y 10 empresarios afrontan a una petición de 2 años de cárcel por presunta prevaricación y fraude

BARCELONA, 19 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol (PP), declarará como testigo el martes en el juicio donde el exconcejal de la ciudad David Gómez –que fue parte del consistorio en 2011, en el primer mandato de Albiol– está acusado junto a 10 empresarios de presunta prevaricación y fraude a la administración al supuestamente encargarles obras en locales municipales sin licitar, por un total de 953.781,03 euros que el consistorio no llegó a pagar.

El juicio ha empezado este lunes en la sección 7 de la Audiencia de Barcelona con las cuestiones previas, en las que entre otros trámites el abogado Josep Riba, que representa la acusación particular del Ayuntamiento de Badalona y a la vez también a Albiol –que ejercía la acusación particular también a título individual– ha pedido retirar la representación del alcalde afirmando que la acusación ya queda asegurada por el consistorio.

De esta manera en el resto del juicio Albiol no ejercerá la acusación particular individualmente, y el martes por la mañana testificará en calidad de alcalde actual después de llegar al cargo, por tercera vez, el pasado sábado.

Este lunes también se ha acordado que los acusados declaren al final del juicio, como han pedido sus defensas, y en el trámite de cuestiones previas también se ha constatado que un informe pericial sobre las obras enjuiciadas no se podrá exponer en la sala porque el perito que lo redactó ha fallecido, pero el tribunal tendrá en cuenta su escrito para deliberar la sentencia.

En esta causa, la Fiscalía pide para los acusados una condena de dos años y tres meses de cárcel e inhabilitaciones de hasta 17 años por los presuntos delitos de prevaricación y fraude a la adminsitración, según el escrito de acusación consultado por Europa Press.

Tras las elecciones municipales de 2011, Gómez pasó a ser concejal de Servicios Sociales y Salud, y también vicepresidente del Instituto Municipal de Servicios de Personal (IMSP), vicepresidente de Badalona Serveis Socials, miembro del consejo de administración de Marina Badalona y concejal del distrito 6 de la ciudad, que integraba los barrios Artigues, Sant Roc y El Remei, y mantuvo estos cargos hasta octubre de 2012.

CONTRATOS VERBALES SIN INFORME

Durante ese tiempo, Gómez tuvo competencias para adjudicar contratos y concesiones que no superaran los 120.202,42 euros, y la fiscal señala que presuntamente sabiendo que contravenía la normativa sobre contratación administrativa “contrató de manera verbal, sin informes técnicos que justificasen la necesidad de su realización y en todo caso sin seguir procedimiento alguno” a cuatro empresas para hacer obras en locales municipales, con varios que en total sumaban 953.781,03 euros y que el Ayuntamiento no llegó a pagar.

La fiscal cree que Gómez actuó de manera concertada con los otros 10 acusados, que formaban parte de estas empresas en calidad de administradores, representantes o apoderados, y que “en todo momento pretendieron obtener un enriquecimiento injusto” a costa del Ayuntamiento, y les adjudicó directamente obras que por su importe requerían licitación o una contratación pública según la normativa.

El escrito de la fiscal añade que los acusados entregaban las facturas en mano o por correo electrónico con “un concepto que no siempre se correspondía con la realidad de las obras realizadas y siempre indicando un coste por encima del precio de mercado o fraccionando deliberadamente el objeto del contrato” para simular que podía adjudicarse como contrato menor.

Además, en algunos casos las obras encargados no se hicieron o no se acabaron, y para evitar dejar rastro documental en el Ayuntamiento no hacían estudios de viabilidad, no tenían una dotación en los presupuestos, no se tramitaba expediente de tramitación ni se tramitaron los preceptivos informes o estudios de viabilidad económico-financiera.


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