Lo reclama su presidente coincidiendo con la apertura del año judicial
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 31 (EUROPA PRESS)
El presidente del Consejo Superior de Justicia de Andorra (CSJ), Josep Maria Rossell, ha pedido este viernes un conjunto de cambios legislativos para disponer de mayor claridad en la delimitación de sus competencias de gestión.
Lo ha anunciado en el discurso que ha pronunciado coincidiendo con la celebración de la apertura del año judicial, tras asegurar que ya se ha empezado a tratar la cuestión con el Gobierno y el Consell General (Parlamento andorrano).
En declaraciones posteriores a la prensa, Rossell ha afirmado que el CSJ es un “órgano de gobierno de la Justicia”, por lo que ve necesario dejar claro en qué casos la competencia es suya o del ministerio de Justicia.
En su opinión, el CSJ tendría que encargarse de todo lo relativo “a la gestión, ejecución y el presupuesto” del cuerpo judicial, mientras que la administración de justicia, que son los funcionarios que trabajan en ella, tendría que ir a cargo del Ministerio del ramo.
Según Rossell, actualmente hay competencias a cargo del ministerio pero también organismos jurisdiccionales, lo que hace “muy difícil” que se puedan dar órdenes porque, según sus palabras, no se sabe muy bien si es competencia de uno u otro.
También ha defendido que los cambios legislativos se deberían impulsar lo antes posible, a poder ser antes de finalizar la actual legislatura, porque la justicia necesita una estructura que funcione, ha dicho.
TRES EJES
En su discurso también ha repasado el trabajo que se ha llevado a cabo durante el último año, centrado en tres ejes: la optimización y mejora de la organización interna; el impulso a la formación del cuerpo judicial, del personal de la administración de justicia y del CSJ, y el impulso de medidas concretas para optimizar la “inminente” implementación del expediente judicial electrónico.
Además, se ha referido a las “dilaciones indebidas” y ha remarcado que se han llevado a cabo varias inspecciones en Batllia y Tribunal de Corts, y que se han elaborado informes por parte del Servicio de Inspección de la Administración de Justicia (SIAJ) para identificar a los órganos judiciales afectados e implementar soluciones para reducir atrasos.
Según Rossell, los inspectores han apuntado que los atrasos “no siempre son atribuibles” a los órganos judiciales, ya que a veces contribuyen otros elementos como la tramitación de comisiones rogatorias internacionales, la elaboración de informes periciales, los plazos de respuesta de los oficios de los bancos y las solicitudes de aplazamiento de las partes.
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