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Catedrático de Penal del CEU: La ley de amnistía “no cumple las exigencias mínimas” de constitucionalidad

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Cree tiene “aspiraciones particulares” y tacha de ambiguo parte del redactado

BARCELONA, 14 (EUROPA PRESS)

El catedrático de Derecho Penal de la Universitat Abat Oliba CEU (UAO CEU) Carlos Pérez del Valle considera que la propuesta de ley de amnistía “no cumple las exigencias mínimas” para ser constitucional.

“Veo carencias en la redacción y creo que el presupuesto, lo que tratan como conflicto, difícilmente puede justificar una amnistía”, ha expresado el jurista en declaraciones a Europa Press este martes.

Pérez del Valle ha señalado que la Constitución prevé amnistías para conflictos arraigados, y en cambio la propuesta de ley “se refiere a dos conflictos concretos que tienen una expresión jurídica”, el 9-N y el 1-O.

También ha señalado la importancia del contexto al redactar una ley de amnistía, que “tienen que ser contextos lo más generales posible, porque si no la impresión que da es que la amnistía trata de problemas de personas particulares”.

El catedrático cree que la ley registrada “tiene ciertas aspiraciones particulares” y lo ha ejemplificado en la referencia explícita a las causas por terrorismo sin sentencia firme.

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También considera que las referencias a la malversación son “en ocasiones relativamente ambiguas y excesivamente genéricas”.

UNA “INTROMISIÓN”

Además de su visión sobre el redactado de la propuesta de ley, Pérez del Valle ha valorado que “la amnistía es tan excepcional que no se puede conformar con la mayoría de cualquier ley penal, afecta mucho al principio de igualdad, eso requiere una mayoría social muy cualificada” y a su parecer debería validarse en un referéndum.

En cuanto a las críticas de algunos sectores de juristas que consideran que la ley puede dañar el Estado de Derecho y la separación de poderes, ha valorado que “más que un ataque en la consecuencia supone una intromisión del Parlamento en decisiones judiciales cuando no era legítimo que entrase, porque no se dan los presupuestos constitucionales para que el Parlamento pueda dictar una amnistía” que afectará a sentencias ya dictadas y a procedimientos abiertos.


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