Riera (Ayuntamiento de Barcelona) aboga por un sistema público equiparable a la sanidad
BARCELONA, 20 (EUROPA PRESS)
El presidente de la Associació de Promotors i Constructors d’Edificis de Catalunya (Apce), Xavier Vilajoana, ha pedido que se deje de legislar en el sector promotor “por prueba y error” y que se escuche a los profesionales a la hora de hacerlo.
Lo ha dicho este jueves en un encuentro del ciclo Rethink BCN, organizado por Foment del Treball, junto al comisionado de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, Joan Ramon Riera, que han sido presentados por el consejero delegado de Aigües de Barcelona, Felipe Campos.
Vilajoana ha afeado que en los últimos diez años ha habido 41 cambios legislativos que afectan al sector y ha reclamado que se genere consenso para plantear un plan a medio y largo plazo.
Riera ha dicho que es necesario construir un sistema de vivienda pública equiparable al sistema de sanidad pública, que ha dicho que es “envidiable y que colabora con el sector privado”.
Ha añadido que es necesario que la ciudad haga vivienda, es decir, “que todos los agentes que puedan construir vivienda, la hagan” y que la prioridad del consistorio es proveer la materia prima: el suelo.
30% DE VIVIENDA PÚBLICA
Vilajoana ha lamentado que la obligación de ceder el 30% de cada construcción a vivienda pública “es evidente que no ha funcionado” y ha recordado que el sector ya lo había anticipado.
Ha reclamado buscar fórmulas “no para flexibilizar, sino para que haya opciones para plantear” diferentes opciones, y ha dicho que hay diferentes opciones para poder cumplir con la norma.
Riera ha descartado que derogar este porcentaje sea una opción y ha añadido que la opción de ejecutarlo en la misma obra debe ser una de las posibilidades que exista.
En todo caso, ha dicho que no se debe poder trasladar la vivienda pública a las zonas periféricas y, aún menos, a aquellos barrios donde la vivienda pública tiene una posición dominante.
CASA ORSOLA
Riera ha explicado que la compra de Casa Orsola por parte del Ayuntamiento y la Fundació Hàbitat3 es un precedente y una prueba piloto y que la voluntad es “protocolizar” lo que ha definido de compra social colaborativa.
Ha explicado que es una nueva herramienta en la defensa del derecho a la vivienda y “de preservar la ciudad” que quieren los vecinos.
Vilajoana ha afeado que el precio pagado –9,2 millones de euros– permitiría construir “más del doble” de pisos de protección oficial de los que hay en el edificio.
Ha puesto en duda que esta compra sea una manera eficiente de usar el presupuesto público y ha recordado que en 2021 el Ayuntamiento hubiera podido comprar el inmueble por 6 millones.
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