BARCELONA, 3 (EUROPA PRESS)
El expresidente de la Generalitat Quim Torra y el exvicepresidente primero del Parlament Josep Costa han enviado una carta al Consejo de Europa, a la comisión de investigación del Parlamento Europeo (PE) sobre el caso Pegasus y también a la del Parlament de Catalunya para pedir ampara y avisar del “obstruccionismo” del Gobierno y de la justicia a la hora de investigar y aclarar lo ocurrido.
Según un comunicado de la oficina del expresidente, han enviado una carta a la secretaria general del Consejo de Europa, Marija Pejcinovic Buric; al presidente del comité investigador sobre Pegasus en el PE, Jeroen Lenaers; a la autora del informe del comité investigador en el PE, Sophia in ‘T Veld; a la presidenta suspendida del Parlament, Laura Borràs; y al presidente de la comisión de investigación del caso en el Parlament, Josep Maria Jové, así como al vicepresidente, Albert Batet, y a la secretaria, Montserrat Vinyets.
En la misiva, recuerdan que tras el informe publicado por Citizen Lab sobre el espionaje a dirigentes independentistas, presentaron una demanda contra el Gobierno por la vía contenciosa-administrativa para “obtener una reparación como víctimas de esta actuación completamente contraria a derecho”.
“GRUPO OBJETIVAMENTE IDENTIFICABLE”
En su opinión, detrás de este espionaje hay razones estrictamente ideológicas, “es decir, la persecución de personas que pertenecen a un grupo objetivamente identificable como son los independentistas catalanes”.
Ante ello, lamentan que la actitud del Gobierno y la justicia haya sido “de negación de los hechos y de negación a estudiar” sus demandas.
“El Gobierno español no colaboró, en un principio, aportando los expedientes que se le solicitaron y, cuando lo hizo, fue para negar una evidencia reconocida por el Centro Nacional de Inteligencia”, destacan.
Para Torra y Costa, la justicia tiene “la obligación de revisar unas actuaciones que, por su carácter masivo y secretos, han conllevado la restricción de una gran cantidad de derechos fundamentales, que es función de los poderes públicos protegerlos”.
“Pero ésta no es actualmente la actitud ni la voluntad de la justicia española ni del Gobierno, que a día de hoy no han dado respuesta a las exigencia de transparencia, rendimiento de cuentas y depuración de responsabilidades”, añaden en la carta.
Por ello, aseguran que quieren explicar sus casos y “las dificultades, por no decir directamente impedimentos” que se están encontrando ante un caso que, a su juicio, debería provocar una crisis institucional en cualquier estado democrático.
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