Todas trabajan para el departamento de Educación y critican que no aplica la jurisprudencia para ampliar el permiso
BARCELONA, 7 (EUROPA PRESS)
La abogada de CGT, Mireia Salazar, ha explicado que han presentado siete recursos en juzgados contenciosos-administrativos en nombre de siete trabajadoras del departamento de Educación de la Generalitat, todas madres monoparentales que, aparte de las 16 semanas que les corresponden, quieren disfrutar del permiso que correspondería al otro progenitor.
Lo ha explicado durante una rueda de prensa junto a la secretaria general de CGT, Marta Minguella, y dos afectadas, Marina Lomeres y Núria Salvador.
Salazar ha explicado que la legislación vigente equipara los permisos de los dos progenitores para garantizar la igualdad de género en ámbito familiar, y que el aumento de cuatro a 16 semanas de permiso para el padre pretende asegurar el cuidado del bebé en las primeras semanas de vida.
“La Conselleria insiste en la aplicación de una normativa obsoleta, que no recoge el aumento de cuatro a 16 semanas de permiso para el padre, cosa que los tribunales han declarado en numerosas ocasiones que supone una vulneración de los derechos de los bebés que nacen en una familia monoparental”, ha añadido.
MEDIDAS CAUTELARES
Salazar ha explicado que, en alguno de los procedimientos abiertos, se han solicitado medidas cautelares para que las afectadas “puedan disfrutar de semana de permiso de forma continuada, especialmente antes de que el bebé tenga un año de vida, ya que es un momento esencial en el que tiene que haber un vínculo entre madre e hijo y no se tiene que interrumpir”.
Ha detallado que desde el juzgado, en algunos casos, se ha concedido el permiso, aunque afirma que desde la Conselleria de Educación se han opuesto a la medida cautelar y niegan aplicarla, y entienden “que esto constituye una práctica de violencia institucional que no responde a la transformación feminista por la que presuntamente luchan desde el departamento”.
Según ella, inician “este procedimiento a raíz de la denegación de este permiso por vía administrativa. Tenemos un gobierno de un mismo color político y tenemos una ley que reconoce los derechos de las familias monoparentales de poder acumular medidas de conciliación”.
Por su parte, Minguella ha querido “denunciar estas injusticias”, que lo que hacen –en sus palabras– es hacer sufrir al colectivo de mujeres monoparentales que trabajan en el departamento.
“La Conselleria penaliza modelos familiares que no son las tradicionales. Hemos llevado estas denuncias a nivel judicial que nos dan la razón, esto es una alegría, pero luego nos encontramos que no es que la administración recorra las sentencias judiciales, sino que no las aplica”, ha lamentado Minguella.
AFECTADAS
Marina Lomeres ha explicado que, en su caso, ha conseguido una sentencia firme favorable, y que le conceden 16 semanas, aunque la Conselleria por el momento solamente le ha dado seis, y ha expresado: “Una vez tienes la sentencia firme, espero tres meses de silencio administrativo y me encuentro con que tengo que luchar con un departamento de Educación, que se llena la boca con el feminismo y luego no hace nada”.
“El procedimiento es muy duro, muy pesado. Has decidido formar una familia tu sola y en el juicio no paran de reprochártelo”, ha expresado Lomeres.
La otra afectada, Núria Salvador, es profesora de la Conselleria, y ha explicado que a ella le han concedido medidas cautelares: “En las medidas decían 16 semanas, pero como yo ya había hecho cuatro, el departamento solamente me ha dado seis. Quedan otras seis, pero me están poniendo trabas”.
Para acabar, ha asegurado que decidió empezar este proceso judicial “para hacer fuerza para que se puedan dar más casos así”.
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