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Reyes (ACA) es denunciado por Ecologistes por respaldar la disminución de los caudales ecológicos debido a la sequía

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Le ven responsable del “impacto gravísimo” sobre los ríos Ter, Muga y Llobregat

BARCELONA, 29 (EUROPA PRESS)

Ecologistes de Catalunya ha denunciado este lunes al director de la Agència Catalana de l’Aigua (ACA), Samuel Reyes, ante la Fiscalía de Medio Ambiente de Barcelona por “presuntos delitos contra el medio ambiente” al presidir el organismo que ha avalado el acuerdo de Govern del 16 de enero de reducir los caudales ecológicos de los ríos Muga, Ter y Llobregat cuando se declare la emergencia por sequía.

En la denuncia, consultada por Europa Press, se pide al fiscal abrir diligencias de investigación penal contra Reyes como “responsable de la justificación de las medidas tomadas por el Govern, que suponen un riesgo potencial contra el medio ambiente”.

La entidad ha recordado que en el acuerdo del Govern se pedía el establecimiento de un régimen de caudales ecológicos “que mantenga, como mínimo, la vida piscícola que de forma habitual habite o pueda habitar en un río y su vegetación”, y consideran que con la reducción de caudales prevista no se garantiza esta preservación.

Además, considera que se ha “avalado el impacto gravísimo sobre estos espacios naturales de manera incomprensible”, dado que además son espacios protegidos por la Xarxa Natura 2000.

En rueda de prensa este mismo lunes, el presidente de Ecologistes de Catalunya, Joan Vàzquez, ha apuntado que este acuerdo de Govern supone “reducir de media un 92% los caudales de los ríos Muga, Llobregat y Ter”, y afirma que con la denuncia quieren que Fiscalía investigue de oficio si se ha podido incurrir en algún delito contra el medio ambiente de los previstos en el Código Penal.

El acuerdo del Govern implica que, en el estado de emergencia, el río Muga reduciría su caudal de 1.200 a 40 litros por segundo; el Llobregat de 4.300 a 250; y el Ter de 5.500 a 600, y la entidad afirma que la suma de estas reducciones supone una reducción total del 92% de los caudales.

En la demanda piden al fiscal frenar la aplicación de este acuerdo, que solicite los informes “que demuestren que garantizarán la vida piscícola y de la vegetación”, así como que se dirija al Consell de Protecció de la Natura para saber si se debería informar de los efectos ambientales que pueden afectar a los tres espacios.


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