La consellera ha participado en unas jornadas sobre renta básica en Italia
BARCELONA, 15 (EUROPA PRESS)
La consellera de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat, Mònica Martínez Bravo, ha defendido este miércoles que las prestaciones sociales no son un gasto, sino una “inversión social”.
Lo ha comentado durante su intervención en un seminario organizado por el Ministerio de Trabajo y Políticas Sociales del gobierno italiano y el Banco Mundial con el apoyo de la Comisión Europea, celebrado en Roma este martes y miércoles, según informa la Conselleria en un comunicado.
Durante el encuentro se ha abordado cómo mejorar la eficacia de los itinerarios de inclusión social de los programas de ingresos mínimos mediante evaluaciones basadas en el rigor y la toma de decisiones acorde a la evidencia.
Martínez Bravo ha afirmado que es fundamental reforzar la evaluación, poniendo las políticas públicas “al máximo nivel de prestigio internacional”, y que estas estén basadas en la evidencia, los datos y el rigor.
RENTA BÁSICA, DIGNIDAD Y MEJORA
En Roma, la consellera ha explicado la transformación digital que está llevando a cabo la conselleria de Derechos e Inclusión para conseguir un sistema integrado de prestaciones integrado y ágil que contribuya a “dignificar y mejorar” las condiciones de vida de las personas vulnerables.
También ha expuesto las principales líneas de la reforma de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) y su integración con el Ingreso Mínimo Vital (IMV) con el objetivo de crear un sistema “más robusto” que facilite la vida a los ciudadanos.
Durante la jornada se han intercambiado experiencias alrededor de la inclusión sociolaboral de las personas perceptoras de una renta garantizada, con tal de conseguir que estas prestaciones sean una “verdadera plataforma de impulso” para la mejora social y laboral, en palabras de Martínez Bravo.
El viaje a Italia, el primero internacional de la consellera vinculado a su faceta económica, responde a su voluntad de contribuir “de forma activa” en el intercambio de buenas prácticas con otros gobiernos europeos y del mundo.
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