Remarca la importancia de la Estrategia contra la Pobreza Infantil
BARCELONA, 2 (EUROPA PRESS)
La consellera de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat, Mònica Martínez Bravo, ha asegurado que el sistema fiscal actual no distribuye lo suficiente la renta, lo que, entre otros, es uno de los causantes de la creciente pobreza infantil.
Lo ha dicho durante su intervención en el Fòrum Social Pere Tarrés, celebrado este miércoles en Barcelona, en el que ha remarcado la necesidad de abordar de forma muy específica la pobreza infantil creciente de acelerar en la estrategia de la lucha contra esta “lacra”.
REDISTRIBUCIÓN Y POBREZA
En Catalunya, 1 de cada 3 niños están en riesgo de pobreza o exclusión social, lo que según la consellera es una pérdida de capital humano “inmensa” que la sociedad no se puede permitir, y ha cifrado en 11.800 millones de euros el coste de la pobreza infantil, un 5% del PIB catalán.
Ha dicho que es injusto desde un punto de vista ético y de equidad social, pero también económico, y que en otros países las transferencias sociales consiguen una reducción de 16 puntos en la tasa de pobreza infantil, pero que en Catalunya la disminución es de solo 7 puntos.
En este sentido, ha apuntado que hace falta traducir los ejes estratégicos de la estrategia contra la pobreza infantil, delineados por el anterior gobierno catalán, a programas efectivos y concretos que constituyan una estrategia “más sólida” y un plan de acción, que se aprobará y presentará durante los próximos meses.
PRESTACIONES
Ha destacado el impulso del Ingreso Mínimo Vital (IMV), “clave” para dar una respuesta ágil y adecuada a las crisis y emergencias sociales, aunque ha explicado que el sistema de prestaciones todavía no consigue llegar a todo el mundo: 150.000 hogares tienen derecho al IMV y no lo reciben.
En esta línea, la consellera ha destacado su complementariedad con la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC), que el Govern espera tener desplegada por completo a finales de 2026 con una ventanilla única; además, compatibilizar la RGC con la posibilidad de trabajar permitiría que las familias beneficiarias pasen de 113.000 a 175.000.
Ha defendido avanzar hacia un modelo con complementos que se puedan integrar con el IMV y la RGC, como el Complemento de ayuda para la infancia (Capi), del que se podrían beneficiar más de 350.000 familias y podría llegar hasta el 44% de la población infantil de Catalunya.
Martínez Bravo también ha pedido que ante los problemas en la gestión del sistema de prestaciones sociales no se caiga en la demonización, como hace la extrema derecha, ni en la búsqueda de una universalidad “inviable”: se deben mejorar centímetro a centímetro las deficiencias y apostar por la gestión ágil y la evaluación contínua, de la mano de la comunidad científica y los expertos.
Y ha abogado por la digitalización y la automatización de procesos que, entre otros, permitirían blindar el sistema ante situaciones como los pagos indebidos del IMV, causados por la gestión manual del sistema y que pueden tener consecuencias “devastadoras” para las familias vulnerables.
Preguntada por el cese de la directora general de Atención a la Infancia y la Adolescencia (Dgaia), Isabel Carrasco –y de su subdirector, Joan Mayoral–, y su sustitución por Josep Muñoz Luque, Martínez Bravo ha explicado que la Dgaia necesitaba un “estilo gerencial” de liderazgo, con más experiencia de gestión de equipos.
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