Una ley de 2021 obliga a revisar todos los expedientes de incapacitación antes de junio de 2024
BARCELONA, 27 (EUROPA PRESS)
Los tres juzgados de incapacitaciones de Barcelona acaban 2022 con unos 11.000 expedientes pendientes de revisar, lo que deben hacer antes de junio de 2024 según fija una ley de 2021 que eliminó la figura de la incapacitación.
La jueza Graziella Moreno, titular de uno de los tres juzgados de la ciudad especializados en incapacitaciones, ha explicado en una entrevista de Europa Press que calcula que desde la entrada en vigor de la ley ha podido revisar unos 300 expedientes de los entorno a 3.600 que tiene pendientes su juzgado.
“La ley era muy necesaria, lo que pasa es que si generas una nueva dinámica de trabajo y un nuevo concepto de todo, lo que no puedes hacer es no dotarla de presupuesto, porque los juzgados somos los mismos”, ha criticado Moreno, que ha lamentado la capacidad limitada de los juzgados y haber hecho solo un porcentaje muy pequeño de las revisiones pendientes.
La ley aprobada en 2021 reformó la legislación para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, y eliminó la figura de la incapacitación judicial: “Se trata de respetar la autonomía de la persona”, ha considerado en declaraciones a Europa Press el presidente de la comisión de derechos de las personas con discapacidad del Colegio de la Abogacía de Barcelona (Icab), Xavier Puigdollers.
Puigdollers valora positivamente el cambio en la ley en lo que respecta a derechos de las personas y remarca que supone la equiparación a la Convención de Naciones Unidas sobre derechos de las personas con discapacidad, aunque cree que “en casos extremos hay dudas de si realmente favorecerá a sus derechos básicos” y ha advertido de que es necesario más presupuesto para servicios sociales.
La nueva ley también ha supuesto cambios en el trabajo de los fiscales, que deben intervenir en más fases del procedimiento: “Hemos pasado de una a tres presencias, y además está el tema de las revisiones que también se han hecho a parte de las vistas normales”, ha apuntado la fiscal delegada de Civil en Barcelona, María José Núñez, en una entrevista de Europa Press junto al fiscal coordinador de discapacidad en la ciudad, Antoni Torres.
Para Torres, una revisión de expediente “implica casi un nuevo juicio, porque se ha de entrevistar a la persona, escuchar al tutor, escuchar a los parientes si lo piden”, lo que se suma al trabajo ordinario de los juzgados.
DESPLIEGUE NORMATIVO
Tras aprobarse esta ley en 2021, el Govern dictó un decreto ley que modificaba el Código Civil catalán para eliminar la incapacidad asociada al tutor y sustituirla por la figura del asistente, y fijaba un plazo de un año para legislar el resto de cambios que marca la ley estatal.
Sin embargo, el despliegue normativo no está completado todavía y en este sentido la vicepresidenta de Dincat, Maise Balcells, ha señalado en declaraciones a Europa Press que “hay normativa administrativa también afectada, y el hecho de que no se haya ajustado a esta ley está perjudicando a las personas”.
Balcells ha puesto como ejemplo las normativas que vinculan ayudas económicas a la incapacitación judicial, una figura que precisamente la ley ha anulado, y subraya: “La idea de eliminar la incapacitación es totalmente positiva porque partimos del principio básico de la convención internacional de que todas las personas somos capaces ante la ley”.
También respecto al despliegue normativo pendiente, la jueza Moreno lamenta que “este momento de inseguridad jurídica genera muchos problemas” e incertidumbre en su trabajo y la fiscal Núñez ha lamentado la lentitud en regularlo.
Por su parte, fuentes de la Conselleria de Justicia, Derechos y Memoria de la Generalitat consultadas por Europa Press han señalado que el Govern está “finalizando” el texto que reformará el Código Civil catalán para desplegar la nueva ley y prevén que salga a información pública en enero, tras lo que calculan que en un plazo de entre cuatro y seis meses lo aprobará el Govern.
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