El perfil de deudor es un hombre de entre 30 y 60 años y de nacionalidad española
BARCELONA, 16 (EUROPA PRESS)
La nueva Ley de Segunda Oportunidad, que entró en vigor en septiembre de 2022, redujo la deuda media con la que los particulares se acogen a esta prerrogativa, pasando de 172.000 euros en 2022 hasta los 63.000 euros en el tercer trimestre de 2024.
Así lo ha explicado este jueves el vocal del Observatorio de Insolvencia Personal del Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB), Borja Pardo, en una rueda de prensa celebrada en el marco del segundo Congreso Europeo de la Segunda Oportunidad.
Los datos corresponden al segundo informe elaborado por el ICAB (el primero se presentó en 2021 con datos recogidos entre 2016 y 2020) para el que se han analizado 299 expedientes, en su mayoría de Catalunya, desde 2021 hasta el tercer trimestre de 2024.
Hasta el tercer trimestre de 2024, en Catalunya hubo 9.296 concursos de personas físicas (lo que supone el 25,16% del total de España, donde se registraron 41.050) y la duración media del proceso se redujo a la mitad desde el primer informe, pasando de 560 días a 242, lo que Pardo ha definido como “un avance considerable”.
EL PERFIL DEL DEUDOR
Donde “no ha habido cambios significativos” ha sido en el perfil del deudor: en su mayoría son hombres (el 59% del total, frente al 41% de mujeres), de entre 30 y 60 años, aunque la edad media ha registrado un ligero decrecimiento, y de nacionalidad española, si bien las personas latinoamericanas han pasado de representar el 20% en 2021 a un 35% en 2024.
Además, en cuanto a la masa activa (las posesiones de los deudores), Pardo ha dicho que “no tienen prácticamente nada”, pues sólo 1 de cada 10 tiene un bien inmueble a su nombre, y que el importe medio exonerado es cada vez menor, de 49.000 euros en 2024.
El vocal del observatorio, Miquel A. Salazar, ha destacado que de los 50.000 concursos que se estiman que ha habido en España al cierre de 2024, teniendo en cuenta los datos provisionales hasta el tercer trimestre, “supone que hay 50.000 soluciones a lo que se considera una muerte civil”.
Con este término se ha referido a “una persona que lo ha perdido todo excepto las deudas” y ha insistido en que la Segunda Oportunidad no debe verse como una cuestión oportunista o de generar deuda para no pagarla, sino de una solución a una deuda sobrevenida.
Además, ha subrayado la importancia de las herramientas de alerta temprana para evitar llegar a una situación de insolvencia, pues cuando los deudores se acogen a la Ley de Segunda Oportunidad lo hacen con la sensación de culpabilidad y absolutamente desfondados anímicamente, en sus palabras textuales: “No es un camino de rosas. Es la historia de 50.000 tristezas”.
La inauguración de esta jornada, que tendrá una duración de dos días, ha estado presidida por el decano del ICAB, Jesús M. Sánchez, que ha recordado que, “con gran temeridad” por las dudas interpretativas sobre las competencias de Catalunya, desde el colegio profesional intentaron impulsar una ley que incluía un procedimiento de Segunda Oportunidad y que fue declarada inconstitucional, hasta que finalmente en 2015 se aprobó.
ESPADALER
Por su parte, el conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, ha manifestado que “hablar de segunda oportunidad es ponerle rostro a una justicia mucho más humana” y ha celebrado que esta ley fuese impulsada desde Catalunya y que fue positivo arriesgar si esto ha servido para impulsar una legislación que nos beneficie a todos, en sus palabras.
El presidente del Consell de l’Advocacia Catalana (CICAC), Joan Martínez, ha añadido que esta ley supone un paso hacia una sociedad más justa y más empática y ha recordado que el endeudamiento de las personas no siempre es culposo y que funciona como “un instrumento legal que nos permita superar situaciones de insolvencia” y minimizar el impacto a nivel económico pero también psicológico y social.
La directora general de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació de la Generalitat, Imma Barral, ha reiterado que “cualquier persona que esté en esta situación complicada debe de tener un cauce para dirigirse a la Administración Pública” para recibir acompañamiento, pues suele encontrarse en situación de extrema vulnerabilidad, por lo que ha apelado a una coordinación interdepartamental para ofrecerle todos los mecanismos de ayuda.
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