Asignará un inspector con funciones cooperadoras a algunas empresas “para reducir” reclamaciones
BARCELONA, 14 (EUROPA PRESS)
L’Agència Catalana del Consum ha aumentado un 93% el importe obtenido por sanciones en 2022 respecto al año anterior, llegando a los 6,4 millones de euros obtenidos.
Lo ha anunciado este martes el secretario de Empresa y Competitividad, Albert Castellanos, junto al director de la Agència Catalana del Consum, Albert Melià, en rueda de prensa del balance de las actuaciones de 2022 sobre derechos del consumidor.
Castellanos ha señalado que el motivo de esta cifra se debe a que la agencia “se ha focalizado en sectores estratégicos” en los que creen que se vulneran más los derechos de los consumidores, como son los suministros básicos, el acceso a la vivienda, los servicios bancarios y los derechos lingüísticos.
El número de denuncias ha sido de 3.148, un incremento del 17% respecto a 2021, lo que “indica un aumento de la concienciación del consumidor”, y la mayoría han sido en los sectores de servicios inmobiliarios (29%); en el del ocio y los viajes (22%) y en la restauración y los alojamientos (18%).
RECLAMACIONES
En 2022, la agencia ha contabilizado 24.654 reclamaciones –una cifra similar a la de 2021 (24.587)–, y a través de las vías resolutivas de mediación y arbitraje se han podido devolver al consumidor alrededor de cuatro millones de euros, “una cifra nada despreciable”, según Castellanos.
Los sectores con más reclamaciones han sido los servicios de electricidad, gas y agua (25,6%); el servicio de telecomunicaciones e internet (13,7%) y el de bienes de consumo y productos (12,2%).
En la cima del ranking de las 10 empresas con más reclamaciones se encuentra Endesa, con 1.301; seguida por Naturgy (1.298) y Orange (982), y Melià ha destacado la entrada “por primera vez” de CaixaBank en el último puesto, con 311 reclamaciones.
INSPECTOR CON FUNCIONES COOPERADORAS
Castellanos ha anunciado que L’Agència Catalana del Consum pretende asignar un inspector a las principales empresas o sectores con más reclamaciones con la finalidad de “establecer un plan de cooperación para reducir el número de reclamaciones de cara al futuro”.
También ha pedido al Gobierno que incluya en la ley de tasas estatal que las empresas con más reclamaciones paguen el coste de la gestión administrativa que estas suponen.
“El gran volumen de incidencias y el bajo porcentaje de resolución por vía voluntaria hace que Consum, en algunos casos, tenga que asumir una tarea de atención al consumidor en la que tendrían que haber actuado estas grandes empresas”, ha afirmado.
- Te recomendamos -
