Afirma que no peligra el Estado de derecho pero que se necesitan “mejoras evidentes”
BARCELONA, 6 (EUROPA PRESS)
Un estudio de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ha subrayado las “carencias” en el nombramiento de los jueces del Tribunal Constitucional (TC), informa en un comunicado de este jueves.
La investigación ha concluido que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre independencia e imparcialidad judicial “puede tener un impacto positivo” en los Estados miembros.
Asegura que, ante esta influencia, los Estados miembros de la UE continúan teniendo libertad para diseñar su propio modelo de justicia constitucional, “siempre que respeten mínimos indispensables”, como la ausencia de presión externa, la imparcialidad y los motivos de inhabilitación, recusación y destitución de sus miembros.
Pone de ejemplo el caso de la Comisión Europea contra Polonia (C-619/18), en el que el TJUE dictaminó que la reforma polaca que reducía la edad de jubilación de los jueces del Tribunal Supremo era “incompatible con los principios de independencia judicial y la prohibición de injerencias políticas en el poder judicial”.
“Este caso muestra cómo el TJUE puede actuar como una salvaguarda ante los intentos de un Estado miembro de debilitar el Estado de derecho, reforzando los estándares de independencia judicial que deben ser respetados por todos los Estados de la UE”, añade.
CASO DE ESPAÑA Y FRANCIA
Por otro lado, señala que hay carencias en los marcos jurídicos y los procedimientos de nombramiento de los jueces de los tribunales constitucionales de países como España y Francia, que “podrían, potencialmente, socavar la independencia judicial”.
El estudio analiza la situación de España y Francia como ejemplos de Estados miembros en los que la “organización constitucional del poder judicial no está totalmente en línea con la jurisprudencia del TJUE”.
Sobre el caso español, la investigadora del grupo de estudio en Geopolítica, Conflicto y Derechos Humanos, de Derecho y Ciencia Política de la UOC, Bettina Steible, subraya que no peligra el Estado de derecho, pero considera que necesitaría “mejoras evidentes”.
Apunta a la necesidad de mejoras respecto a la práctica de los partidos políticos en los procesos de nombramiento de magistrados en el Tribunal Constitucional.
MEDIDAS “Sería conveniente implementar mecanismos antibloqueo efectivos, reducir la influencia partidista en las decisiones y garantizar que los candidatos sean seleccionados por consenso, priorizando su cualificación y prestigio profesional, de acuerdo con el espíritu de la Constitución”, señala.
Para Steible, aunque “estas deficiencias no representan por ahora una amenaza real para el Estado de derecho, sí que podrían serlo si llegan al poder opciones políticas menos respetuosas con los principios democráticos, cosa que nunca se puede descartar”.
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