Ha sido ratificado por defensores del pueblo de Catalunya, Canarias, País Vasco, Navarra y Andalucía
BARCELONA, 5 (EUROPA PRESS)
La Síndica de Greuges de Catalunya, Esther Giménez-Salinas, ha impulsado la firma con otros cuatro defensores del pueblo del ‘Acuerdo de las defensorías sobre la cultura de la justicia restaurativa, el diálogo, la conciliación, el acuerdo y la reparación’, que tiene como objetivo promover las medidas alternativas de resolución de conflictos a las quejas que llegan a las institución de defensa de derechos.
El acuerdo, que se ha firmado este miércoles en el Espai Francesca Bonnemaison de Barcelona, además de por Giménez-Salinas, ha sido ratificado por el defensor del pueblo andaluz, Jesús Maeztu Gregorio de Tejada; el ararteko del País Vasco, Manuel Lezertua Rodríguez; la diputada del Común por Canarias, María Dolores Padrón, y el arartekoa de Navarra, Patxi Vera Donazar.
La Síndica de Greuges ha resaltado en declaraciones a la prensa la importancia de este documento, que supone “una manera diferente de entender la justicia, basada en la justicia social, equitativa y de calidad”.
De esta manera, los conflictos se pueden trabajar de una manera diferente, de forma que la respuesta “no sea simplemente sancionadora”, sino que se trabaje con las partes para que puedan llegar a un acuerdo.
Aunque este acuerdo se limita a la gestión de las quejas que reciben las defensorías, Giménez-Salinas ha explicado que, en el ámbito de la justicia penal “es muy frecuente que la víctima crea que no ha sido reparada”, y que la mediación y la justicia restaurativa la colocan en el centro.
Pero, además de para que la víctima se sienta resarcida, sirve para trabajar en la responsabilidad, para que el autor del agravio entienda el daño que ha hecho y no vuelva a repetir esta conducta: “Yo soy penalista, pero no creo en el castigo”, ha dicho la Síndica.
En el caso de la relación entre la ciudadanía y la Administración de Justicia, ha añadido, “la experiencia que tenemos nosotros es que a la Administración le cuesta mucho pedir disculpas” y que los ciudadanos a menudo manifiestan que no quieren una contrapartida económica, sino que se le pidan disculpas, en sus palabras.
Giménez-Salinas ha manifestado que, hasta el momento, cada una de las defensorías de estas cinco comunidades aplicaban sus propios criterios en justicia restaurativa y mediación y que aunque había comunicación se hacía de modo informal, pero que este documento permite abrir vías formales para intercambiar experiencias: “Hacer un acuerdo con cinco defensores es un salto cualitativo inmenso”.
NUEVAS VÍAS PARA RESOLVER CONFLICTOS
De esta forma, las cinco defensorías se comprometen a abrir vías para resolver los conflictos entre los ciudadanos y la Administración Pública y acuerdan implementar herramientas como la mediación, la justicia restaurativa, el acuerdo o la reparación, que están más en consonancia con la “cultura de la paz”, según ha resaltado la Síndica de Greuges.
En el acto, que ha coincidido con el Día Europeo de la Mediación, también ha participado el conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, que ha destacado la importancia de la firma de este documento: “Deseo que ayude a cambiar algunas prácticas de la justicia y que impulse la cultura de la paz”.
INVITA A PARTICIPAR AL DEFENSOR DEL PUEBLO
La Síndica ha señalado frente al resto de defensores que el acuerdo es una gran oportunidad para que la cultura restaurativa transforme la realidad a través de la responsabilidad, la reparación del daño y el respeto, en sus palabras y que desde la Sindicatura se comprometen a impulsarla “bajo los principios del buen gobierno y la buena Administración, en un marco de protección y respeto a los derechos humanos”.
También ha explicado que la institución del Síndic ya hace tiempo que ha implementado esta nueva mirada en la gestión de las quejas, y que ya han llevado “200 casos”, según ha trasladado posteriormente a la prensa.
Además, Giménez-Salinas ha invitado a participar en este acuerdo al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, y a las defensorías de otras cuatro comunidades autónomas que ya la aplican.
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