Fiscalía sostiene que sin la aplicación del 155, las 44 piezas seguirían sin entregarse
BARCELONA, 20 (EUROPA PRESS)
El abogado de la Generalitat, Xavier Muñoz i Puiggròs, que ha declarado como testigo en el juicio celebrado este jueves en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) al exconseller de Cultura, Lluís Puig, acusado de un delito de desobediencia en el ‘caso Sijena’, ha relatado que fue el encargado de interponer los recursos civiles y que “la Generalitat no tenía la posesión inmediata sobre estas piezas”.
Muñoz i Puiggròs se refería a un total de 44 piezas que permanecieron en el Museo de Lleida después de que el Juzgado de Primera Instancia 1 de Huesca dictara una sentencia en 2015 en la que decretaba la “nulidad de pleno derecho” de la compraventa de estas y de otras 41 obras que estaban en el Museo Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) al considerarse que todas ellas pertenecían a la Orden Sanjuanista del Real Monasterio de Sijena.
El abogado ha añadido que la Audiencia Provincial de Huesca dictó una resolución reconociendo que los bienes reclamados estaban en manos del Museo de Lleida, que tiene “una entidad jurídica propia” y diferente a la de la Generalitat, y que por lo tanto estaba legitimada para personarse en la causa, pero que la jueza no lo tuvo en cuenta.
SU PRIMER DÍA EN LA CONSELLERIA
La jefa de los servicios jurídicos de la Generalitat, que también ha declarado en calidad de testigo, ha confirmado que Puig fue nombrado conseller el 4 de julio de 2017, que el 6 de julio tomó posesión de su cargo en el Parlament y que el 7 fue por primera vez a la Conselleria de Cultura y que fue ese mismo día cuando se le notificó la ejecución de la sentencia, un hecho que ha confirmado posteriormente también el que fue su jefe de Gabinete.
El conseller lo puso en conocimiento de los servicios jurídicos, que redactaron un documento que fue entregado a la funcionaria del juzgado, en el que el conseller pedía tiempo para conocer el procedimiento y para buscar una solución para su cumplimiento.
Según la jefa de servicios jurídicos, el documento también explicaba que acababa de tomar posesión de su cargo, para que se tuviese en cuenta “por una posible desobediencia”, puesto que, en sus palabras textuales, Puig nunca tuvo la intención de desobedecer; al contrario, ha explicado que manifestó que quería buscar la manera de dar cumplimiento al requerimiento judicial y que este era un tema que le preocupaba mucho.
Ha añadido, en la misma línea que el abogado de la Generalitat, que “no era posible cumplir la orden judicial de inmediato, sobre todo porque la Generalitat de Catalunya no tenía la posesión de estas obras, que estaban en posesión de un tercero: el consorcio diocesano de Lleida”.
Ha añadido que en el momento en el que llegó la notificación de la ejecución de sentencia “estaba recurrida” y que así se lo trasladó al conseller, mientras que el jefe de gabinete ha añadido que Puig nunca dio orden para evitar que los bienes se trasladaran a Aragón y que no consta que la Generalitat se negara a entregarlas hasta que la sentencia no fuese firme.
A preguntas de la acusación particular de si el director del museo de Lleida podía entregar las piezas “por su cuenta y riesgo”, la jefa de los servicios jurídicos ha dicho que él no, pero sí el consorcio, y al ser preguntada quién era el presidente del mismo en aquel momento, ella ha respondido que, según los estatutos, era el conseller de Cultura, que en aquel momento era Puig.
El jefe de la sección de coordinación museística del Servei de Museos de la Generalitat ha dicho que Puig mantuvo una conversación larga con él a principios de julio de 2017, el primer o segundo día de ser conseller, para preguntarle “qué había que hacer para cumplir” con el requerimiento y que él le respondió que no era tan fácil por la delicadeza de algunas de las obras, que habían sido declaradas como conjunto de interés cultural.
El exdirector de patrimonio de la Generalitat ha dicho que tanto Puig como su predecesor, Santi Vila, actuaron “correctamente”, porque el proceso administrativo –al que la Generalitat no podía atender en solitario porque en el consorcio también está el obispado–, no estaba cerrado y que el conseller tenía la voluntad de cumplir la ley.
El que era el Jefe de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil en Huesca ha explicado que, después de que la jueza le pidiera que realizaran un dispositivo para recuperar las 44 piezas, mantuvieron una “una reunión previa para transmitir los motivos” al director del Museo de Lleida, pero que no recuerde que hubiese ninguna autoridad catalana, aunque sin mencionar que el artículo 155 ya había entrado en vigor en ese momento.
Una historiadora del arte propuesta por la acusación particular ha dicho que el tiempo del traslado de las obras debería haber sido “escaso”, conociendo sus dimensiones; también ha prestado declaración el presidente de la plataforma Entitats Culturals de Lleida, en calidad de testigo, y el ingeniero técnico que elaboró un informe pericial sobre el precio que costó el transporte de las obras hasta Huesca.
El exconseller de Cultura, Santi Vila, se ha acogido a su derecho a no declarar; estaba citado como testigo y estaba previsto que declarase como tal, pero al estar acusado también por estos mismos hechos en un juzgado de lo penal de Barcelona –a diferencia de Puig él ya no es aforado–, el tribunal le ha dado la condición de coacusado para eximirle de la obligación que tienen los testigos de decir la verdad.
PEDÍAN LA SUSPENSIÓN
En el trámite de cuestiones previas, el fiscal de la Fiscalía Superior de Catalunya, José Joaquín Pérez, ha solicitado una ampliación del relato de hechos acusatorios, a lo que el presidente de la Sala Civil y Penal del TSJC, Jesús María Barrientos, ha respondido que el juicio podría ser suspendido porque “podía causar indefensión”.
Pese a esta advertencia, el fiscal ha añadido que Puig actuó de forma “consciente y voluntaria”, una modificación que el tribunal ha inadmitido para garantizar el derecho de defensa de Puig.
Tanto la acusación particular, que ejerce el abogado Jorge Castellano en representación del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena, como la defensa del acusado, que ejerce el letrado Jaume Alonso-Cuevillas, pidieron la suspensión del juicio al no haber comparecido el acusado ni por videoconferencia ni presencialmente.
Sin embargo, el tribunal ha considerado que se daban todas las circunstancias necesarias para celebrar” el juicio en ausencia, puesto que la legislación lo permite cuando la pena solicitada es inferior a los dos años de prisión, y en el caso de Puig es de multa e inhabilitación para cargo público.
PENAS
La Fiscalía y la acusación particular han solicitado para Lluís Puig una multa de 6.000 euros y de 66.000 respectivamente, e inhabilitación especial para cargos públicos electos en el ámbito europeo, estatal y local por periodo de 2 años, así como de cargos ejecutivos y de gobierno, y que indemnice a la Diputación General de Aragón en la cantidad que costó el traslado de las obras.
La defensa de Puig ha pedido su libre absolución al entender que no fue autor del delito del que se le acusa y que, subsidiariamente, en caso de ser condenado, se le debe aplicar la atenuante de dilaciones indebidas porque la causa ha durado más de 7 años.
En la lectura de los informes finales, la Fiscalía ha dicho que “por mucha voluntad que se ha manifestado, aquí lo cierto es que no se llevó a cabo el cumplimiento de los requerimientos” y que si no hubiese sido por la aplicación del 155, probablemente las 44 piezas seguirían sin entregarse al Ayuntamiento de Sijena.
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