El actual es de 1993 y quiere que el nuevo planifique la oferta con la red pública
BARCELONA, 22 (EUROPA PRESS)
La Fundació Bofill ha pedido que se apruebe un nuevo decreto de conciertos para que se pueda aplicar en el próximo periodo de preinscripción para el curso 2024-2025, y ha considerado imprescindible actualizarlo para combatir la segregación escolar.
En una rueda de prensa telemática este miércoles, el director de la Fundació Bofill, Ismael Palacín, ha afirmado que a la fundación le preocupa que el nuevo decreto de conciertos esté a su juicio parado desde 2020 y ve “riesgo de perder un nuevo tren” si no se aprueba cuanto antes, ya que el actual es de 1993.
En un dossier elaborado por la fundación, se avisa de que “acabar la legislatura actual sin un nuevo decreto intensificará las diferencias de composición entre redes y dentro del sector concertado”.
Según ha apuntado la fundación, investigaciones internacionales han demostrado que los modelos de provisión mixta, como el catalán, “tienden a aumentar las desigualdades y la segregación escolar”, y que por eso requieren una regulación clara y eficaz para reducirlas o compensarlas.
Ha insistido en que el borrador del decreto de conciertos pendiente de aprobación “permite avanzar en esta dirección en aspectos especialmente claves”, como la obligación de escolarizar alumnado vulnerable, el control sobre el cobro de cuotas y la planificación de la oferta conjuntamente con la red pública.
El organismo ha visto necesario que la Conselleria de Educación regule el funcionamiento y “establezca criterios de decisión de las Mesas de Planificación Locales, para que garanticen suficiente oferta pública, eviten la sobreoferta educativa y prioricen la programación de plazas escolares en centros educativos diversos socialmente, dado el contexto actual de sobreoferta educativa”.
CUOTAS VOLUNTARIAS
La fundación ha apuntado a que el 44% de las concertadas aplicaron una reducción de ratio a 20 alumnos por grupo en P3 en la pasada preinscripción, igual que la escuela pública “a pesar de no tener la obligación normativa de desplegarla”; y que el otro 56% de los centros concertados no adoptó esta medida exigida por la Conselleria o lo hizo de forma parcial –con ratios superiores a 20–.
En este sentido, se ha afirmado que la implementación voluntaria de la reducción en el sector concertado “dificultó la limitación de la sobreoferta de plazas, perjudicial para la segregación escolar, y evidenció las discrepancias dentro del sector concertado”.
Además, se ha informado de que dos de cada diez plazas en la concertada quedaron vacantes en la pasada preinscripción, hecho que provocó “sobreoferta en la red escolar y disfunciones en la distribución del alumnado”; y que la reserva de plazas para alumnado vulnerable socioeconómicamente fue menos efectiva en la concertada, con un 10% de alumnado identificado frente al 21% en la pública.
El ente también ha explicado que el 69% de las escuelas concertadas con altas tasas de alumnado extranjero redujeron la ratio por grupo a 20, igual que la pública, y que en cambio el 35% de los centros no corresponsables lo hizo, constatando que “aquellos con un menor volumen de alumnado extranjero son también los que menos esfuerzo han hecho para ajustar las ratios”.
FINANCIACIÓN
La fundación ha defendido la necesidad de mejorar la financiación del conjunto del sistema educativo pero no de forma lineal, de manera que se adopte una “fórmula que garantice una provisión asimétrica de los recursos disponible en función de la complejidad y las necesidades de los centros”.
Según el director de la Fundació Bofill, los centros concertados que “realmente están escolarizando alumnos pobres e inmigrantes resulta que están obteniendo prácticamente el mismo apoyo económico que otros centros que no son corresponsables y se están desvinculando de esta política pública”.
“Tenemos un sistema de financiación que incentiva la desresponsabilización”, por lo que el ente ha instado a que se modifique el sistema de financiación lineal actual y que se mejore la equivalencia entre los centros educativos y se incentive la corresponsabilidad en la escolarización de alumnado vulnerable.
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