El departamento hará una nueva regulación para garantizar que se denuncian todas las agresiones
BARCELONA, 22 (EUROPA PRESS)
La Conselleria de Justicia, Derechos y Memoria de la Generalitat ha llegado a un acuerdo con los sindicatos de prisiones con el que el departamento muestra “la firme voluntad de incluir un mínimo de 350 plazas” en las convocatorias de oposiciones de 2024 y 2025, y se compromete a hacer, durante el segundo trimestre de 2023, una prueba piloto del espray de defensa ante incidentes en espacios cerrados, han explicado a Europa Press fuentes de la negociación.
El acuerdo llega tras una protesta de unos 300 funcionarios el martes y de más de 30 horas en la que unos 20 delegados sindicales han estado encerrados en el despacho de dirección de la cárcel de Brians 2, en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona) desde el martes alrededor de las 13 horas.
El compromiso del departamento añade que esta cantidad de nuevas plazas “se verá incrementada en función de los resultados de la auditoría” organizativa del sistema penitenciario en la que trabaja el departamento, de la que prevé tener los resultados dentro de unos seis meses y con la que espera conseguir elementos para planificar los recursos necesarios.
En este sentido, los sindicatos UGT, CC.OO., Csif, Intersindical y Acaip han celebrado en un comunicado el aumento de al menos 350 efectivos, y creen que “con total seguridad se verán incrementados de manera sustancial”, calculan que hasta más de 500 plazas, una vez el departamento reciba el análisis.
CELDAS DE “SEGURIDAD REFORZADA”
La Conselleria señala en el acuerdo que está “definiendo un modelo de celdas de seguridad reforzada” para el Departamento Especial de Régimen Cerrado (Dert) y durante el segundo trimestre de 2023 hará una prueba piloto de cámaras unipersonales para prevenir incidentes.
El compromiso de la Conselleria incluye medidas de apoyo a los funcionarios que sean agredidos por un preso, como garantizar la asistencia médica inmediata y facilitar la asistencia jurídica, y en este sentido en un plazo de dos meses hará una nueva regulación para “garantizar la presentación de denuncia de todas las agresiones sufridas por los profesionales”.
En un comunicado tras el acuerdo, el departamento ha mostrado su compromiso con la seguridad de los profesionales y los internos y para defender el modelo penitenciario, y ha fijado los objetivos de “consolidar el modelo de ejecución penal catalán y la seguridad de los trabajadores y trabajadoras e internos e internas”.
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