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Josep Costa interpone una querella contra la magistrada del TSJC que decretó su detención en 2021

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Argumenta que la orden de arresto carecíaa de un fundamento jurídico razonable

BARCELONA, 15 (EUROPA PRESS)

El exvicepresidente del Parlament, Josep Costa, ha presentado una querella ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo contra la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), Maria Eugènia Alegret, por ordenar su detención el 27 de octubre de 2021, según ha informado este miércoles en un mensaje en ‘X’ recogido por Europa Press.

“Ahora que las causas contra España avanzan en el Tribunal de Estrasburgo he pensado que es el momento de reactivar la querella contra la magistrada que ordenó detenerme por un delito inexistente y que han querido sepultar dentro de un laberinto procesal. Hola, Llarena, ¿qué dirás ahora?”, ha manifestado Costa.

Costa dirige su querella, a la que ha tenido acceso Europa Press, contra la magistrada del TSJC y “contra aquellos que pudiesen aparecer como responsables penales en concepto de autores, cómplices o encubridores” de su detención por no comparecer a una citación como investigado por presunta desobediencia cuando Costa formaba parte de la Mesa del Parlament.

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Costa sostiene que estos hechos podrían ser constitutivos de delitos de detención ilegal, prevaricación, contra la inviolabilidad parlamentaria y contra el ejercicio de los derechos cívicos.

DETENCIÓN “INÚTIL Y SUPERFLUA”

En la querella, argumenta que su detención fue “completamente inútil y superflua, no aportó ningún beneficio a la instrucción de la causa ni contribuyó a salvaguardar la finalidad del proceso o los derechos de las partes” y lo interpreta como una represalia de la magistrada por poner de manifiesto irregularidades en la instrucción, en sus palabras.

Sostiene que no acudió a declarar porque “la citación cursada era ilegal” dado que el tribunal no tenía competencia para investigarlo, pues en aquel momento gozaba de inviolabilidad parlamentaria.

Considera que no podía tener como objeto su comparecencia obligatoria, por lo que Costa solicitó una suspensión que le fue denegada, pero asegura que el 15 de septiembre -fecha en la que estaba citado- se personó en su lugar su letrado, Gonzalo Boye.

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Costa dice que es “falso” que fuera citado personalmente -se hizo a su procurador- y que no compareciese, porque lo hizo a través de su representación procesal, y recuerda que la no disposición a declarar voluntariamente constituye un derecho fundamental.

“La interlocutoria no contiene ni una palabra para justificar por qué la supuesta obligatoriedad de comparecer habría de comportar la detención inmediata en caso de no hacerlo y no otra sanción”, subraya, y añade que la orden de arresto, que la Fiscalía no había solicitado, carecía de un fundamento jurídico razonable.

EL TEDH ADMITE UNA DEMANDA

El 7 de enero Costa comunicó a través de la misma red social que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) había admitido a trámite una demanda por “detención ilegal” relacionada con estos mismos hechos.

“El TEDH ha admitido a trámite mi cuarta demanda contra España. Se trata de mi detención ilegal como consecuencia de la actividad parlamentaria que ejercí en defensa de la independencia”, expresaba entonces.

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