La Audiencia de Barcelona cree que la provincia necesita 38 unidades judiciales más
BARCELONA, 19 (EUROPA PRESS)
Los procedimientos de la jurisdicción civil –relacionados con asuntos económicos, de contratación y con desahucios, entre otros– en la provincia de Barcelona tardan hasta tres años de media desde que entran al juzgado de primera instancia hasta que llegan a una resolución definitiva con la respuesta de la Audiencia de Barcelona.
Lo ha explicado este lunes el presidente de la Audiencia de Barcelona, Antonio Recio, en rueda de prensa para presentar la memoria judicial de 2022, en la que ha destacado su “preocupación por el retraso, por usar calificativo suave, en la jurisdicción civil”.
Recio ha señalado que a raíz de la pandemia la atención estuvo centrada en las jurisdicciones penal y social (que se encarga de asuntos laborales), y ahora ha alertado de “resultados muy preocupantes” en materia civil, en la que ha destacado un incremento muy relevante de procedimientos monitorios, que son los que suponen una reclamación de una cantidad económica.
Este tipo de procedimiento implica para el juez analizar el contrato en busca de posibles cláusulas abusivas, lo que “supone un trámite gravoso, procedimientos en los que antes el juez prácticamente no intervenía ahora tiene que coger desde primer momento el contrato, leer todas cláusulas para ver si hay cláusulas abusivas”.
Respecto a procedimientos por indemnizaciones por accidentes de tráfico, Recio ha expuesto que antes de la pandemia los asuntos se resolvían en menos de un año y medio (teniendo en cuenta la respuesta al recurso), mientras que ahora la media supera los dos años y medio.
Para ilustrar el aumento de carga de trabajo en esta jurisdicción, ha señalado que en la Audiencia de Barcelona, donde hay 11 secciones civiles, en 2019 entraron 15.129 asuntos en un año, y en cambio el año pasado entraron 19.215, y para hacer frente a esta situación ha reclamado medidas de aumento de plantilla.
100 RECURSOS DE MÁS POR JUEZ
Otra cifra que dibuja la carga de trabajo en los tribunales es la comparativa entre el trabajo que asumen y los módulos que marcan el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Ministerio de Justicia, una ratio entre el volumen de trabajo que debería asumir cada juzgado según la cantidad de personal.
Tomando como referencia estos módulos, los juzgados de primera instancia se encuentran un 99,97% por encima, y las secciones civiles de la Audiencia de Barcelona, un 48%: se estima que cada magistrado debería recibir cada año 200 recursos, pero están recibiendo 300.
El aumento de asuntos fue relevante desde 2015, y entonces la Audiencia de Barcelona solventó la falta de personal acudiendo a magistrados de juzgados de primera instancia, una posibilidad que el Ministerio de Justicia ha atajado desde 2021 por motivos presupuestarios.
En esta línea, Recio ha alegado: “Si en la Audiencia provincial no mantenemos un nivel de calidad suficiente, esto irá en detrimento de los ciudadanos y de tutela judicial efectiva”, y ha lamentado que la demora en resolver los procedimientos supone un perjuicio para el ciudadano.
Recio ha lamentado que la convocatoria electoral del 23J ha dejado en suspenso la tramitación de las tres leyes de eficiencia procesal, organizativa y digital que a su parecer “iban a ser un avance sustancial”, y en cuanto a ampliación de plazas que en la provincia de Barcelona son necesarias 38 unidades judiciales más.
Calculadas en base al trabajo que asumen y al que supuestamente deberían asumir, son seis plazas de magistrado en las secciones penales de la Audiencia de Barcelona, ocho en las secciones civiles, y el resto en distintos juzgados de primera instancia, instrucción, penales y sociales.
EL “PROBLEMA” DE LOS MACROJUICIOS
En cambio, Recio ha señalado que la jurisdicción penal muestra “cierta estabilización” e incluso en 2022 bajó ligeramente la tasa de pendencia, es decir, las causas pendientes de resolver al terminar el año, y ha asegurado que la mayoría de secciones responden en un plazo adecuado.
Sin embargo, ha apuntado “el problema” que suponen los macrojuicios, que son cada vez más frecuentes por la mayor tendencia a delinquir en el marco de una organización y que comprometen a todos los magistrados de la sección durante días o semanas –sin que puedan, por tanto, juzgar otros casos– y que además también suponen dificultades logísticas por la falta de espacios donde poder celebrarse juicios que pueden alcanzar la veintena o la treintena de abogados.
VIOLENCIA SOBRE LA MUJER
Respecto a los juzgados especializados en violencia sobre la mujer, Recio ha apostado por “una cierta comarcalización” que permita que las denunciantes acudan a un juzgado que no sea de su partido judicial si en el suyo no hay uno especializado de guardia.
Como ejemplo, ha explicado que en Barcelona hay cinco juzgados de violencia sobre la mujer, con uno siempre de guardia, y en cambio en la ciudad fronteriza de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) solo hay uno especializado y, fuera de su turno, las denunciantes deben acudir al juzgado de instrucción no especializado que esté de guardia.
SEIS MESES PARA UN DIVORCIO
Los juzgados especializados en familia han “conseguido en estos momentos una carga de trabajo asumible y ajustada al módulo” que calculan el CGPJ y el Ministerio de Justicia, y Recio ha recordado que no en todos los partidos judiciales existen juzgados especializados y ha apostado por extenderlos.
Como ejemplo, ha explicado que un divorcio puede tramitarse en primera instancia en un plazo de unos seis meses y que si hay apelación implicará “a lo sumo” otros seis, por lo que ha valorado que en este ámbito los tribunales están dando una respuesta muy ágil.
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