Prioriza conseguir vivienda asequible y también seguridad jurídica ante la ocupación ilegal
BARCELONA, 20 (EUROPA PRESS)
El sector inmobiliario plantea que el gobierno de Barcelona que salga de las elecciones municipales de mayo priorice políticas de vivienda asequible, para lo cual propone colaboración público-privada, y también alerta de la falta de seguridad jurídica del propietario ante la ocupación ilegal.
Diferentes actores del sector consultados por Europa Press coinciden en lograr vivienda asequible: son el presidente de la Associació de Promotors de Catalunya (Apce), Xavier Vilajoana; la directora general de la Asociación de propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval), María Andreu; el CEO de Anticipa Real Estate y Aliseda Inmobiliaria, Eduard Mendiluce, y la directora de estudios de Fotocasa, María Matos.
XAVIER VILAJOANA (APCE)
Vilajoana ha pedido más pisos libres, asequibles y sociales, para lo cual insta a movilizar suelos finalistas y también a establecer una colaboración público-privada que promueva pisos asequibles y sociales “en aquellos suelos públicos que tengan reserva para vivienda protegida: en el municipio los hay para hacer 20.000 viviendas”.
Hace un balance negativo del mandato municipal, porque cree que no han funcionado las normas impulsadas (como modificar el PGM con la reserva del 30% del techo de nuevas promociones residenciales y grandes rehabilitaciones para vivienda protegida), sino que “han provocado una paralización” de la construcción y de la rehabilitación integral.
En cuanto a la ocupación, enmarca el problema en Catalunya (donde “se ha amparado”) y en toda España, porque cree que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) se quedó corta y debió dar cobertura tanto a personas físicas e instituciones como a personas jurídicas.
MARÍA ANDREU (ASVAL)
Andreu urge a la colaboración público-privada para ampliar el parque de pisos sociales y recuerda que ya hay propuestas a nivel estatal: los grandes propietarios “han ofrecido la cesión de hasta 25.000 viviendas al Estado durante 25 años y a un precio un 20% por debajo de mercado”.
Constata que la emergencia habitacional no es sólo un problema local a solucionar, sino que afecta a España, e insiste en que el sector privado “quiere formar parte de esta solución”.
En cambio, opina que la ocupación es “especialmente preocupante en Catalunya y Barcelona, donde se superaron los 4.200 casos en 2021”, y cree que los ayuntamientos pueden actuar, informando al propietario que sea víctima, y dando opciones de aplazamiento de la salida, alquiler social o alojamiento alternativo en los casos de familias vulnerables: todo eso daría seguridad jurídica y mejoraría la imagen de Barcelona, dice.
EDUARD MENDILUCE (ANTICIPA Y ALISEDA)
Mendiluce afirma que, aunque la Generalitat tiene grandes competencias, hay fórmulas para que Consistorio y grandes propietarios colaboren: el ofrecimiento de los grandes tenedores de 25.000 viviendas al Gobierno con un contrato a 25 años y un descuento del 20% sobre los precios de mercado “permitiría ofrecer alquileres asequibles a familias vulnerables, algunas en situación de ocupación ilegal”.
Defiende la colaboración público-privada porque ve un parque de vivienda social insuficiente y un importante descenso de oferta de alquiler (lo atribuye a la inseguridad jurídica y a la sobrerregulación de las rentas): “Este escenario ha generado desequilibrio entre la oferta y la demanda en Barcelona, y urge revertirlo”.
Además, lamenta que se penaliza al gran tenedor y lo ejemplifica con Catalunya, “única región de la UE que ha llegado a impulsar una normativa que protege la ocupación ilegal de vivienda, obligando a los grandes propietarios a ofrecer un alquiler social en supuestos de ocupación sin título”, mientras que, para él, centrarse en combatir el delito y las mafias daría seguridad jurídica, atraería inversión y mejoraría la imagen de Barcelona.
MARÍA MATOS (FOTOCASA)
Según Matos, la necesidad de vivienda asequible y la falta de oferta en Barcelona (sobre todo de alquiler) requieren “un gran pacto de los partidos” para aumentar el parque de protección oficial, y que se comprometan a hacerlo gobierne quien gobierne.
“Barcelona es el municipio español más caro de España” en alquiler (19,55 euros/m2, un 77% superior a la media estatal), y se encareció un 16,2% en 2022, mientras que la compraventa se estabiliza tras fuertes crecimientos en años anteriores, aunque sigue alta: la compraventa de pisos de segunda mano en la ciudad se situó en los 4.306 euros/m2 en diciembre de 2022, un 110% más que la media española.
Pensando en la seguridad jurídica del propietario, ha pedido que las administraciones fomenten el respeto a la propiedad privada y combatan el impago del alquiler y la ocupación: “No podemos olvidar que el gran grueso de la oferta de vivienda está en manos de pequeños propietarios”.
- Te recomendamos -
