BARCELONA, 17 (EUROPA PRESS)
La portavoz del PSC en el Parlamento de Cataluña, Alicia Romero, ha defendido, sobre la petición de la Fiscalía para Josep María Jové y Lluís Salvadó, que su formación ha hecho “lo que tocaba” y que, a partir de aquí, no está en sus “manos”. “El juez Manuel Marchena ha hecho una resolución en la que ha establecido su interpretación de la ley, y nosotros lo respetamos”, explicó.
Así se ha pronunciado la dirigente del PSC en una rueda de prensa sobre la petición de la Fiscalía de prisión e inhabilitación para el presidente del grupo parlamentario de ERC, Josep Maria Jové, y para el exconseller de Hacienda y actual presidente del Puerto de Barcelona, Lluís Salvadó, además de pedir la inhabilitación a la consejera de Cultura, Natalia Garriga.
En este contexto, la portavoz socialista ha defendido la reforma del Código Penal, sosteniendo que las leyes “siempre son interpretables en un contexto determinado”, a la par que ha trasladado su apoyo a Jové y Salvadó: “Por encima de todo se tiene que respetar la presunción de inocencia. Todo el apoyo en este proceso”.
En cualquier caso, Romero ha llamado a separar el acuerdo de Presupuestos en Cataluña con estos procesos judiciales que afectan a Jové, Salvadó y Garriga. “Acabamos de acordar los Presupuestos y nos gustaría que pudiéramos separar las cosas y espero que no se mezcle con otros procesos”, ha sostenido.
Así, preguntada por el posible impacto de la petición de la Fiscalía sobre la política catalana, Romero ha sostenido que espera “que no tenga ninguno” y ha reclamado no mezclar la política con otros procesos.
Respecto a la desjudicialización de la política en Cataluña y la mesa de diálogo, Romero ha defendido que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “ha abierto la mesa de diálogo para normalizar la relación” y ha criticado que el PP lo dejó, según ella, todo en manos de la vía judicial.
“No puede haber una politización de la justicia, si había caminos judiciales abiertos, deben continuar”, ha afirmado.
CIBERATAQUE A LA GENERALITAT EL 9N
Por otro lado, Romero ha asegurado que “es grave el hecho de que se jaqueen instituciones de Cataluña” y que el ciberataque que sufrieron los sistemas informáticos de la Generalitat el día de la consulta del 9N tuvo un impacto importante.
“No es de recibo y nos parece bien que, debido a su gravedad, se pueda investigar”, ha sostenido al ser preguntada por una posible investigación de la Fiscalía sobre los hechos.
Según una investigación de la organización de periodistas Forbidden Stories, donde participa ‘El País’, un empresario israelí que trabaja para servicios de inteligencia y organismos de seguridad gubernamentales internacionales se ha atribuido el citado ciberataque que sufrió la Generalitat de Cataluña durante la consulta del 9 de noviembre de 2014.
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