El Ayuntamiento defiende que ha actuado de manera “transparente”
BARCELONA, 8 (EUROPA PRESS)
El Gremi de Restauració de Barcelona ha interpuesto una denuncia contra el gerente de Parcs i Jardins, Francesc Jiménez Gusi, por un presunto trato de favor a una empresa explotadora de uno de los chiringuitos de la playa.
En un auto consultado por Europa Press, el Juzgado de Instrucción 25 ha abierto una investigación a raíz de la denuncia que presentó el Gremi por un presunto delito de prevaricación, como ha adelantado ‘El Periódico’.
Fuentes del Gremi han explicado a Europa Press que el Ayuntamiento permitió a esta empresa montar el chiringuito antes de pagar la cantidad fijada en los pliegos de adjudicación, un hecho que el gremio considera “irregular”.
Han criticado que el Ayuntamiento cambió “unilateralmente” los criterios para montar los chiringuitos de la playa sin comunicarlo de manera oficial, según apuntan las mismas fuentes, y que con el inicio de la temporada únicamente lo sabía un chiringuito.
Por eso, han lamentado que dicho chiringuito disponía de la información y pudo montar el local antes que el resto: “No tenían la información y llegaron tarde”.
Las fuentes ya citadas han explicado que antes de interponer la denuncia presentaron un escrito a la Bústica Ètica del Ayuntamiento y que no les contestaron, por lo que optaron por la vía penal.
ACTUACIÓN “TRANSPARENTE”
Fuentes municipales han explicado a Europa Press que el Ayuntamiento autorizó el montaje de los chiringuitos antes de que se hiciera efectiva la liquidación de la tasa de 2021, “para cumplir con la petición que había hecho el propio Gremi de Restauració” de avanzar el inicio de la temporada al 1 de marzo y no coincidiendo con la Semana Santa.
Han alegado que se hizo de este modo “porque se estaba tramitando el decreto de reducción de las tasas de un 75%, como se había acordado”, y para evitar que los titulares de los servicios de playa tuvieran que hacer un esfuerzo económico que después se les tendría que devolver en el momento que entrara en vigor el decreto.
“La autorización permitía iniciar el montaje pero no la actividad hasta que no se liquidara la tasa correspondiente”, detallan las mismas fuentes, que aseguran que el Ayuntamiento no tiene conocimiento de que se hayan abierto diligencias y que ha actuado de manera transparente.
Respecto a la petición en la Bústia Ètica, sostienen que ha hecho todos los requerimientos de información a los órganos competentes, una investigación de oficio y que emitirá la notificación de la resolución en los próximos días.
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