Las convocatorias benefician a empresas, centros de investigación, instituciones y fundaciones
BARCELONA, 23 (EUROPA PRESS)
El Gobierno ha asignado 3.631 millones de euros a Catalunya del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, de los que 2.611 se han transferido a la Generalitat y 1.020 se han ejecutado por parte del mismo Ejecutivo central.
Lo ha explicado este viernes la delegada del Gobierno en Catalunya, Maria Eugènia Gay, en declaraciones junto al alcalde de Mataró (Barcelona), David Bote, tras mantener una reunión en el Ayuntamiento de la localidad.
En concreto, las más de 150 convocatorias de ayudas ofertadas por el Gobierno del Plan de Recuperación benefician ya a 2.940 empresas catalanas y centros de investigación, a 1.150 ayuntamientos y entidades públicas, a 475 personas y a 195 fundaciones.
Estos 3.631 millones se suman los 1.706 del Fondo React-EU destinados a financiar el gasto necesario para responder a la pandemia y reforzar el Estado del bienestar y los servicios públicos.
En total, España ha recibido 3.100 millones en transferencias y ha solicitado el siguiente pago por valor de 6.000 millones, condicionados al cumplimiento en el segundo semestre de veinte reformas y nueve inversiones.
“DINAMISMO Y PROMOCIÓN”
Gay ha puesto en valor el despliegue de los fondos europeos porque considera que permitirán a la sociedad recuperarse económicamente y coger el dinamismo y promoción económica que tanto necesitan los catalanes y catalanas, en sus palabras.
En concreto, se ha destinado un millón de euros en Mataró para mejorar todos los accesos a los centros escolares y su movilidad y seguridad, cuyas obras empezarán en octubre y tendrán una vigencia de seis meses.
OCUPACIONES ILEGALES
La delegada ha explicado que en el encuentro con Bote han abordado, además de la remodelación de las estaciones de ferrocarril, las ocupaciones ilegales de viviendas, de las que ha asegurado estar encima de la mesa del Gobierno.
“Se está analizando la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para poder obtener y ser capaces de prever unas medidas cautelares que permitan un desalojamiento de estas viviendas ocupadas de forma ilegal y con el uso de la fuerza y la violencia para aligerar los tiempos en los que se pueda recuperar la propiedad”, ha detallado.
También ha dicho que se está trabajando en una reforma de la Ley del Tribunal del Jurado, ya que el delito del allanamiento de morada está previsto que se enjuicie por este canal, lo que según ella “demora mucho los tiempos y los plazos en los que uno tarda en recuperar la posesión de su vivienda”.
Bote, por su parte, ha agradecido a la delegada el apoyo en la lucha contra las ocupaciones ilegales por trasladar al Gobierno y al Congreso de los Diputados sus peticiones.
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