La Generalitat alega que “no hubo una degradación” al destinar a Toni Rodríguez a Rubí (Barcelona)
BARCELONA, 26 (EUROPA PRESS)
El intendente de Mossos d’Esquadra, Toni Rodríguez, ha llevado a los tribunales su cese al frente de la Comisaría General de Investigación Criminal (CGIC), en lo que entiende, según la demanda presentada, como un reproche por negarse a facilitar información sobre investigaciones que afectaban a políticos.
En un juicio celebrado este miércoles en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 11 de la Ciutat de la Justicia de Barcelona, Rodríguez ha pedido que se declare la nulidad de la resolución del 1 de febrero de 2022 en la que se le encomendaba la función de jefe del Área Policial Básica de Rubí (Barcelona).
También ha solicitado la nulidad de su cese al frente de la CGIC y ha reclamado las retribuciones que dejó de percibir entre esa fecha y el 3 diciembre de 2024, cuando regresó a la prefectura.
Rodríguez, que previamente fue jefe de la División de Investigación Criminal (DIC) y después subjefe de la CGIC, fue nombrado como jefe de la CGIC y el entonces major, Josep Lluís Trapero, pidió que su situación administrativa se adecuara a su nuevo puesto.
Sin embargo, a finales de 2021 el comisario Josep Maria Estela relevó a Trapero, –actualmente director general de la policía– como jefe del cuerpo y ordenó una reestructuración, enviando a Rodríguez a la ABP de Rubí y se modificó la Relación de Lugares de Trabajo (RLT) de Mossos para nombrar en su lugar a otro intendente, Ramón Chacón, al frente de la CGIC.
Entre las investigaciones que dirigió Rodríguez destacan casos de anticorrupción contra políticos como Laura Borràs –condenada a 4 años y medio por fraccionar contratos– y el exconseller de Interior Miquel Buch, condenado y amnistiado por designar a un escolta de Puigdemont, y que fue quien nombró a Eduard Sallent como comisario jefe de Mossos d’Esquadra.
La abogada del intendente, del Sindicato SAP-Fepol, ha argumentado durante la vista que hubo una “falta de motivación” en el cese y una desviación de poder, a lo que la letrada de la Generalitat, en representación de la Conselleria de Interior, ha respondido que no se puede hablar de cese porque Rodríguez nunca ocupó formalmente el puesto de jefe de la CGIC, “por una razón muy sencilla: que no lo podía ser”.
Se basa en la RLT de Mossos vigente en ese momento, que preveía que la persona que debía ocupar ese puesto “debía ostentar la categoría de comisario”, por lo que Rodríguez no cumplía con los requisitos formales, aunque el major ya había solicitado que la plaza se abriese también a los intendentes.
OCUPÓ EL CARGO “DE FORMA PLENA Y CONTINUADA”
La representante de Rodríguez se ha opuesto “rotundamente” a esta manifestación y ha argumentado que fue la propia Administración la que lo nombró y que existen numerosos documentos en los que se reconoce que el intendente fue, entre abril y diciembre de 2021, jefe de la CGIC.
Así lo reconoció la propia Administración al retribuirlo económicamente por las funciones que desempeñaba, por lo que considera que Rodríguez ocupó este puesto “de forma plena y continuada hasta que se le decidió cesar”.
Asimismo, ha aportado una sentencia Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que determina que la motivación para cesar a un funcionario no puede ser “ni vaga ni imprecisa” y que, en el caso de Rodríguez, la Administración no argumentó que hubiese perdido sus capacidades para seguir ostentando el cargo para el que lo había elegido previamente.
También ha recordado que el intendente tenía unas valoraciones “excelentes” en el desempeño de sus funciones y que su labor fue reconocida tanto por la opinión pública como política.
La letrada de la Generalitat, ha aducido que la motivación para su traslado fue meramente “organizativa” y que la decisión administrativa no encaja entre aquellas que pueden ser impugnadas.
No obstante, la abogada de Rodríguez le ha recordado que la comunicación en la que se le ordenaba el traslado a la ABP de Rubí tenía un pie de recurso bastante claro, en sus palabras textuales, que indicaba que la decisión podía ser recurrida por la vía administrativa y/o contencioso administrativa, como han hecho.
“NO HUBO UNA DEGRADACIÓN”
La abogada de la Generalitat ha defendido que “no hubo una degradación” al destinarlo a Rubí porque se le mantuvo en su categoría de intendente y que su traslado, que supuso una diferencia de salario de casi 450 euros mensuales, no supuso una variación tan grande sostiene Rodríguez en su demanda, textualmente.
Ha añadido que a finales de 2024 fue designado como coordinador de proyectos estratégicos en la prefectura, también por razones organizativas, una decisión que el intendente no ha recurrido.
Por último, ha reconocido que “si bien es posible que ejerciera funciones como jefe” de la CGIC, esto no le da derecho a un nombramiento, aunque ha recordado que su posible restitución al frente de esta comisaría no es objeto de esta vista, sino que se sigue en otro procedimiento contencioso que todavía no se ha resuelto.
Finalizado el acto de juicio, ha quedado visto para sentencia.
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