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El concurso para otorgar la parcela del Distrito Administrativo está siendo reconsiderado de manera autónoma por la Generalitat

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Antifrau considera “irregular” incluir la opción de compra del terreno

BARCELONA, 18 (EUROPA PRESS)

La Conselleria de Economía y Hacienda de la Generalitat ha iniciado una revisión de oficio del concurso público que adjudicó los terrenos que actualmente ocupa el Districte Administratiu, que agrupa las sedes de varias conselleries, según han explicado fuentes del Govern a Europa Press este martes.

Esta revisión se debe a que la Oficina Antifrau detectó siete presuntas irregularidades en el proceso de adjudicación, al que solo se presentó Zumaran Inversiones, una filial del grupo AXA, y que podría conllevar la nulidad de la concesión, ha adelantado el diario ‘Ara’.

La concesión se dio en 2015, cuando Fira 2000 licitó la explotación de tres terrenos y Zumaran fue la única empresa que se presentó para el lote 2, que concedía los derechos de superficie del suelo durante 99 años a cambio de un canon de 15,5 millones de euros.

Ese mismo año, la Generalitat convocó otro concurso para alquilar un inmueble donde ubicar buena parte de las conselleries, que ganó AXA Real Estate y que lo construyó en estos terrenos; y el contrato de alquiler se firmó por 20 años y por un precio de unos siete millones de euros anuales, han explicado las mismas fuentes.

La concesión fue denunciada por CC.OO. a Antifrau al considerar que era una “acción preparada y coordinada para que AXA o alguna de sus filiales se adjudicara el concurso”.

INFORME DE ANTIFRAU

El informe de Antifrau, publicado este 2023, apunta que Zumaran incluyó en su oferta una opción de compra de los terrenos por seis millones de euros, que se aceptó a pesar de no aparecer en la licitación.

Antifrau considera “irregular” incluir esta opción de compra, lo que provoca que se eludiera el procedimiento administrativo pertinente.

Además, órganos que no tenían competencia para ello tomaron acuerdos en el procedimiento, faltaban informes técnicos para justificar el canon del derecho de superficie y el precio de compra futuro, y la escritura pública de la operación contenía modificaciones respecto a la resolución de la adjudicación.


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