Aclara que su cliente no pide una solución personal
BARCELONA, 25 (EUROPA PRESS)
El abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha asegurado este martes que el expresidente de Cataluña no le ha pedido una solución personal y ha sostenido que para arreglar el problema político primero hay que terminar el judicial.
“Solucionar el problema político requiere previamente solucionar el judicial. Esto nunca debió judicializarse”, ha subrayado Boye en una entrevista en Rac1 recogida por Europa Press, en la que ha recordado que Puigdemont y el exconseller Toni Comín siempre le han pedido que no les busque una solución personal para ellos.
Boye ha señalado que lo que le han pedido es que los defienda como parte de un proyecto político que está siendo “acosado” y ha manifestado que quienes “sobran” para encontrar una solución son “los jueces, los fiscales y los abogados”. “Nunca debió llegar a los tribunales”, ha reiterado.
Ha descartado que la justicia belga entregue al expresidente de la Generalitat y a Comín si el juez Pablo Llarena, del Tribunal Supremo, activa las euroórdenes contra ellos.
El abogado ha asegurado que no pasará “nada” cuando se reactiven, tras concretar que comparecerán ante la justicia belga y que prevé que acuerde de nuevo libertad sin medidas cautelares.
LA AMNISTÍA, LA SOLUCIÓN
“Tenemos todo el trabajo hecho, sabemos lo que tenemos que hacer”, ha sostenido Boye, que no ve casual que la Fiscalía solicitara el lunes a Llarena reactivar las euroórdenes.
Para Boye, la petición de la Fiscalía sigue “la estela de Vox casi siempre” y cree que con ello intentan influir políticamente en el escenario actual.
Pese a asegurar que Llarena debería aprobar un nuevo suplicatorio, cree que la justicia belga se tomará su tiempo antes de tomar decisiones y ha vaticinado que, probablemente, acabarán de nuevo ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europa (TJUE): “Seguramente nos vamos a un año o año y medio”.
También ha defendido que la amnistía es la “vía más impecable y limpia” para solucionar el conflicto entre Cataluña y el resto de España, y ha recordado que la Constitución sólo prohíbe los indultos generales.
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