El primer juicio por irregularidades en la entidad no se ha celebrado al haber conformidad y los acusados no ingresarán en prisión
BARCELONA, 18 (EUROPA PRESS)
Dos exconcejales de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) por el PSC –el exteniente de alcalde Cristian Alcázar y el exconcejal y ex primer secretario del PSC Cristóbal Plaza– han aceptado 9 meses de prisión por los delitos de apropiación indebida y de fraude contra la Seguridad Social por simular el cese de Plaza en el Consell Esportiu de L’Hospitalet en 2016.
Este era el primero de los juicios que se tenía que celebrar por las presuntas irregularidades en la gestión del Consell Esportiu –una entidad privada sin ánimo de lucro, pero que recibe un 30% de subvenciones públicas– pero que finalmente no ha llegado a celebrarse al alcanzar las partes una conformidad.
En esta pieza separada se investigaba el cese de Plaza como director técnico del Consell Esportiu, un despido por el cual recibió una indemnización de 47.147,62 euros para ser nombrado pocos meses después asesor de la exalcaldesa del PSC, Núria Marín, y para regresar finalmente a la misma entidad deportiva y presidirla en 2019, tras salir elegido regidor en las elecciones municipales.
En una sentencia de conformidad, el tribunal de la Sección 2 de la Audiencia de Barcelona ha condenado a Alcázar como autor de un delito de apropiación indebida y de otro contra la Seguridad, mientras que a Plaza lo han condenado como cooperador necesario en el primero de los delitos y como autor del segundo; ambos han sido castigados con 9 meses de prisión.
Por el delito de apropiación indebida, el tribunal les ha condenado a 6 meses de cárcel e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena, mientras que por el delito de fraude contra la Seguridad Social les ha condenado a 3 meses de prisión con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante ese periodo, así como a recibir subvenciones o ayudas de la Seguridad Social durante un periodo de 3 años.
De forma conjunta y solidariamente, los procesados también tendrán que abonar 47.000 euros por el perjuicio causado al Consell Esportiu de L’Hospitalet, además de 6.000 más en concepto de la cantidad indebidamente percibida por Plaza, a lo que hay que sumar los intereses legales; un dinero que ya han depositado, por lo que se les ha aplicado la atenuante de reparación del daño.
La sentencia, que se ha dictado en trámite de conformidad y a viva voz, es firme y, al carecer los procesados de antecedentes penales y dada la extensión de las penas, que no superan los 2 años, el tribunal ha acordado suspender su ingreso en prisión con la condición de que, desde la fecha de hoy y durante 2 años, ninguno de los dos vuelva a cometer un hecho delictivo.
La Fiscalía inicialmente pedía 4 años y medio de prisión e inhabilitación especial para el derecho del sufragio pasivo para ambos, a los que consideraba autores de un delito de estafa –o alternativamente apropiación indebida– y de fraude contra la Seguridad Social.
La acusación popular, que ejercían los Comuns de L’Hospitalet, pedían por estos mismos delitos 6 años y medio de prisión para Alcázar y de 4 años y medio para Plaza, aunque finalmente las dos han modificado su escrito de conclusiones definitivas en los mismos términos y han rebajado la petición de la pena hasta los 9 meses para ambos procesados.
“NO AFECTARÁ” A LA CAUSA DEL CONSELL
Los acusados han mostrado su conformidad con esta acusación, aunque el abogado de Cristian Alcázar, Cristobal Martell, ha matizado al finalizar la vista que los procesados “asumen las responsabilidad conscientes de que la documentación formal no era la correcta”, pero ha aclarado que lo que hicieron fue una amortización triangular, que está permitida por la jurisprudencia.
El letrado ha reconocido que el cese de Plaza “no se pasó por la comisión directiva ni por asamblea, por un decoro mal entendido”, pero que desde la perspectiva de la amortización del puesto de trabajo se hizo bien, en sus palabras textuales.
Además, ha añadido que esta primera condena “no afectará de ninguna manera” al procedimiento judicial sobre la gestión del Consell Esportiu, que sigue en instrucción.
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