La sentencia constata que un inspector de la unidad de drogas lideraba el grupo
BARCELONA, 11 (EUROPA PRESS)
La Audiencia de Barcelona ha condenado a 28 personas, entre ellas un inspector de Policía –que actuaba como jefe del grupo– y un subinspector jubilado, por una trama que introducía droga en el Puerto de Barcelona.
La sentencia, consultada por Europa Press este viernes, condena al inspector a 15 años de cárcel y multa de 795.000 euros por un delito contra la salud pública, agravado por la cantidad que traficaron y por actuar como jefe de la organización, y por un delito de revelación de secretos por parte de un funcionario público.
Por su parte, el subinspector jubilado ha sido condenado a cinco años y medio de cárcel y a una multa de 815.000 euros por un delito contra la salud pública, también agravado por las grandes cantidades pero atenuado por tener una drogadicción.
Los otros 26 condenados han recibido penas que oscilan entre los 9 meses y los 10 años y medio de cárcel por delitos contra la salud pública, de defraudación del fluido eléctrico, de tenencia ilícita de armas y de coacciones, mientras que el tribunal ha absuelto a otras cuatro personas que habían sido acusadas en el procedimiento.
Según los hechos probados de la sentencia, el responsable de una empresa de logística con sede en las inmediaciones del puerto aprovechó su puesto y la infraestructura de la mercantil para descargar unos 200 kilos de cocaína ocultos en un contenedor procedente de Brasil.
Para hacerlo, tuvieron la “cobertura policial” del inspector condenado, que entonces trabajaba en la unidad de droga y crimen organizado de la Policía Nacional, y también les ayudó el subinspector ya jubilado.
El policía participó en otras operaciones de tráfico de cocaína en el Puerto y, “aprovechando su condición de policía, aleccionó a otros partícipes en la ilícita actividad para comunicarse de manera que no pudieran ser descubiertos, para adoptar medidas de precaución en cada uno de sus encuentros y les facilitó datos e informaciones que precisaban para el desarrollo con menos riesgos de su actividad delictiva y para dificultar la actuación policial” si les descubrían.
La sentencia expone que usó sus claves de acceso a bases de datos policiales para consultar matrículas de vehículos policiales secretos que les seguían y datos de empresas, y luego facilitó estos datos a los narcotraficantes.
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