Ve necesario la construcción de más viviendas con el apoyo del sector privado BARCELONA, 13 (EUROPA PRESS)
El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha celebrado la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de desestimar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por diputados del PP en el Congreso de los Diputados contra las restricciones legales a la vivienda de uso turístico en Catalunya: “Vamos en el camino correcto”.
Así lo ha dicho en rueda de prensa este jueves junto a la primera teniente de alcaldía, Laia Bonet, y el teniente de alcalde de Economía, Jordi Valls, tras conocer la sentencia del TC, donde indica que dicha norma no vulnera los límites formales ni materiales de la legislación de urgencia.
“Es una magnífica noticia en favor del derecho a la vivienda y para la decisión que tomamos desde el gobierno en 2023 de no renovar ninguna de las licencias turísticas vigentes hasta noviembre de 2028”, ha subrayado el primer edil, que ha cifrado en 10.000 los pisos que volverán a tener uso residencial para que la gente pueda vivir, ya sea mediante alquiler o compra, textualmente.
Ha asegurado también que esta será una noticia que “dará la vuelta a Europa”, ya que la decisión de suprimir este tipo de viviendas en la capital catalana está siendo observada por muchos países y ciudades europeas que también tienen la necesidad de proteger el derecho a la vivienda, así como sus centros históricos.
“Esta ratificación de la legalidad constitucional que permite a Barcelona tomar esta decisión avala la idea que cambiar las reglas del juego no solo es positivo y posible, sino que es legal y constitucional”, ha señalado.
REPROCHE AL PP
El líder municipal ha cargado contra el intento de los populares de frenar este tipo de restricciones: “judicializar la vida política no es buena idea”, ha considerado Collboni, que ha lamentado que el PP haya intentado dificultar este derecho de la ciudad, textualmente.
Según él, restringir el uso turístico de la vivienda permitirá que 25.000 personas a partir de noviembre del 2028 puedan quedarse a vivir en su ciudad, y ha añadido que estos 10.000 pisos que volverán a ser residenciales equivalen a 10 años de construcción de vivienda libre en Barcelona.
Por ello, ha expresado que, además de la regulación del alquiler para poner un tope a los precios, es necesario construir más vivienda pública y protegida en las zonas de crecimiento de la ciudad y también en puntos consolidados, un factor en el que el sector privado también debe tener la oportunidad de participar, según él.
APOYO JURÍDICO
Por su parte, Bonet ha asegurado que con la validación del TC, todas las licencias “decaerán” y no se podrán recuperar porque carecerán de apoyo jurídico, por lo que no será necesario reformar el Plan especial urbanístico de alojamientos turísticos (Peuat) para eliminar su figura.
Finalmente, Collboni ha afirmado que la sentencia refuerza esta medida y la valida, porque le da solvencia y seguridad jurídica a la propuesta del gobierno municipal, según él.
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