Convocará al Consell General dels Serveis Socials para reformar el sistema
BARCELONA, 19 (EUROPA PRESS)
La consellera de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat de Cataluña, Mònica Martínez Bravo, impulsará durante las próximas semanas un plan para abordar “de forma urgente” la desinstitucionalización de 290 niños de 0 a 6 años tutelados, que pasarán a estar cuidados en familias de acogida.
Lo ha anunciado este jueves en su primera comparecencia en la Comisión de Derechos Sociales e Inclusiva, que ha tenido lugar en la Sala 1 del Parlamento de Cataluña en Barcelona.
También impulsará otras 3 medidas: la tramitación de la Ley de la Agencia Social y Sanitaria, el aumento del indicador de la renta de suficiencia de Cataluña (IRSC) en relación con el índice de precios al consumidor (IPC) y el proyecto de la Ley de los instrumentos de provisión del Sistema Público de Servicios Sociales.
Martínez Bravo ha explicado que los 5 ejes que guiarán la actuación de su departamento hacia una “gran transformación” del sector social son: dignificar usuarios y profesionales, construir un sistema integrado, gestión, excelencia e inclusión, dado que recuperan las competencias en el ámbito de migración.
TRASPASO INGRESO MÍNIMO VITAL
También ha expresado su compromiso para hacer efectivo el traspaso del ingreso mínimo vital (IMV) y ha explicado que tendrán que reformar la Ley de la Renta Garantizada de Ciudadanía para hacerla compatible con el IMV.
Ha avanzado que el 3 de octubre celebrarán la primera reunión de la Comisión de Seguimiento de los traspasos con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Gobierno de España.
Martínez Bravo ha asegurado que, entre sus prioridades, está avanzar en reducir el tiempo de las listas de espera para la prestación de dependencia y ha mostrado su compromiso “con la creación de 6.000 nuevas plazas residenciales y de centro de día para gente mayor, personas con discapacidad y salud mental”.
INCREMENTO TARIFAS SOCIALES
Ha explicado que “próximamente” aprobarán el incremento del 5% de las tarifas sociales acordada en 2023 con efectos este 2024, y ha dicho que pretenden avanzar en la equiparación de las condiciones laborales de los profesionales del tercer sector con los del sector público y sanitario.
Martínez Bravo ha insistido en la necesidad de construir un sistema de servicios sociales “integrado con una infraestructura digital fuerte, basada en la interoperabilidad de datos de todos actores” que minimice los trámites que deban hacer los usuarios.
Para ello, convocará el Consell General dels Serveis Socials este octubre para crear un grupo de expertos multidisciplinar teniendo como objetivo la “transformación y mejora de todos los servicios públicos de Catalunya”.
También se ha pronunciado sobre la necesidad de recursos: “Buscaremos y reivindicaremos más financiación.
También ha explicado la necesidad de recursos, por lo que buscarán y pedirán más financiación en Catalunya, en España e incluso en Europa, “aprovechando las oportunidades del Fondo Social Europeo”.
GRUPOS POLÍTICOS
La portavoz de Junts, Ennatu Domingo, ha exigido que “se materizalice el convenio” sobre el traspaso de gestión de las prestaciones sociales, mientras que la portavoz de ERC, Najat Driouech, ha asegurado que su partido estará “vigilante” para asegurar que cumple la reforma sobre las ayudas a iniciativas de refuerzo de la competitividad (IRCC).
La portavoz del PP, Montserrat Berenguer, ha reclamado una “revisión cuidadosa de la Cartera de Servicios Sociales”, mientras que la portavoz de VOX, María García, ha pedido cuántos extranjeros fueron beneficiarios de la renta garantizada en 2023.
En representación de Comuns, Núria Lozano ha dicho que es necesario “ampliar el número de profesionales” del tercer sector y la portavoz de la CUP, Maria Pilar Castillejo, ha criticado la privatización de la gestión de las residencias.
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