El Govern impulsa la construcción de viviendas con un registro de solares y una licencia básica
BARCELONA, 14 (EUROPA PRESS)
La Generalitat ha empezado a recabar información sobre la cantidad de solares disponibles en Catalunya para construir viviendas de alquiler de protección oficial (VPO) y, de momento, ha calculado que existen terrenos donde se pueden empezar a edificar unas 20.000 viviendas para 2027-2028.
Así lo ha explicado este martes en rueda de prensa la portavoz del Govern y consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, que ha detallado que son solares públicos o privados tipificados como VPO.
Paneque ha explicado que estos solares están en la segunda y tercera corona del área metropolitana de Barcelona y en torno a las capitales de demarcación, por lo que la construcción de viviendas deberá ir acompañada de “una mejora en la movilidad” para que estén bien conectadas.
ANUNCIO EN EL DPG
El trabajo que ha iniciado la Conselleria se enmarca en la creación de la reserva pública de solares que anunció el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en el Debate de Política General (DOG) para potenciar la construcción de 50.000 viviendas públicas hasta 2030, con una inversión de 1.100 millones de euros anuales.
Con estos primeros datos, la Generalitat ha localizado los solares para construir el 40% de las viviendas que se propone crear, por lo que aún debe acabar de encontrar el resto de terrenos que formarán parte de la reserva pública de solares.
Preguntada por la reunión con la Sareb, Paneque ha dicho que el objetivo es conocer los activos que tiene, tanto de viviendas como de suelos y solares, e “iniciar una negociación para poder disponer de los máximos activos posibles”.
RESERVA PÚBLICA DE SOLARES
La reserva pública de solares se articulará a través de una primera convocatoria en febrero de 2025 para que los promotores puedan optar a construir en estos terrenos, y el Institut Català de Finances (ICF) financiará los préstamos con una línea de 500 millones de euros anuales.
Para que la construcción de estos alquileres sociales empiece lo antes posible, la Generalitat se ha propuesto disminuir los trámites y reducir en un 50% el tiempo entre la decisión de construir y la entrega de llaves, de 100 a 50 meses.
Para ello, se creará una licencia básica que permitirá “empezar mover tierras, a construir cimientos y estructura mientras se va tramitando la licencia definitiva”.
Asimismo, la Generalitat también compensará el decalaje entre el precio de la construcción y el rendimiento del precio del alquiler para hacer atractiva la construcción de viviendas.
RÉGIMEN SANCIONADOR Y AYUDAS
Dentro de los 1.100 millones anuales del programa de vivienda, la Generalitat también invertirá 500 millones de euros a ayudas destinadas al alquiler y a familias vulnerables.
Asimismo, aprobará un régimen sancionador en materia de contención de rendas vinculado a las zonas de mercado tensionado para que se cumpla el tope del alquiler, y creará un cuerpo de inspección para vigilar el cumplimiento.
FONDO PÚBLICO DE EMANCIPACIÓN
En cuanto a las ayudas para comprar viviendas, el Fondo público de emancipación, también anunciado por Illa en el DPG, financiará el 20% de los gastos de la entrada de un piso de segunda mano de máximo 90 metros cuadrados para jóvenes menores de 35 años.
La Generalitat calcula que este fondo, que está financiado con 100 millones de euros anuales, beneficiará a 12.000 familias, y la ayuda se tendrá que devolver una vez pagada la hipoteca o con la venta del piso.
La vivienda se podrá vender, pero el precio estará limitado al original de compra –sumando el incremento del IPC de los años– para evitar la especulación del mercado con una vivienda financiada por la Generalitat.
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