Estaban investigados el director, un médico y la empresa que gestiona la residencia
BARCELONA, 17 (EUROPA PRESS)
La jueza ha archivado la causa en la que investigaba la muerte de más de 50 ancianos en una residencia de Palau de Plegamans (Barcelona) durante la primera ola de la pandemia de coronavirus, según un auto consultado por Europa Press este viernes.
De esta manera el Juzgado de Instrucción 3 de Sabadell (Barcelona) cierra el caso en que el director, un médico y la empresa que gestiona la residencia estaban investigados por los presuntos delitos de abandono de personas con necesidad de especial protección, omisión del deber de socorro, homicidio imprudente y falsedad documental, como ha adelantado ‘Catalunya Ràdio’.
En febrero de 2022, la Fiscalía presentó la denuncia que hizo iniciar esta investigación, y después de investigarlo la magistrada considera que no hubo imprudencia o una mala gestión para imputar a los responsables del centro.
La jueza destaca que el informe médico forense de la asistencia global a los residentes “llega a la conclusión de que no se aprecia abandono y que los residentes fueron visitados con regularidad”, que las indicaciones médicas fueron proporcionales a los problemas que planteaban y que no pueden considerarse anómalas ni deficientes.
Tampoco se ha encontrado ningún incumplimiento deliberado o imprudente de las normas sanitarias por parte de la residencia ni la dirección, ni desatención a los ancianos a pesar de estar en “una situación de gran complejidad en la gestión, propia de la situación epidémica que se vivía”, añade la jueza.
CREE QUE SE CONTAGIARON POR VISITAS EXTERNAS
La instrucción no ha encontrado negligencias al aislar los pacientes al inicio de la pandemia, ante lo que remarca que los fallecidos estaban en distintos espacios de la residencia, “lo que lleva a pensar que el origen de la propagación, pudo estar en las visitas externas recibidas justo el día antes de cerrarse la residencia a las visita”, siguiendo el calendario que ordenó el Gobierno.
La jueza constata que había el personal suficiente de acuerdo con la normativa y que los ancianos “no dejaron de recibir asistencia”, y en cuanto a las quejas de familiares por falta de información o descoordinación al comunicarse con ellas, la jueza ve comprensible la angustia que les causó pero recuerda que no supone un delito.
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