La Audiencia de Barcelona la condenó por coaccionar al director de un hotel
BARCELONA, 29 (EUROPA PRESS)
La Audiencia de Barcelona ha amnistiado a la exconcejal del PSC de Pineda de Mar (Barcelona), Carmen Aragonès, que aceptó junto al entonces teniente de alcalde, Jordi Masnou, un año de prisión por expulsar a agentes de la Policía Nacional desplazados a Catalunya para tratar de impedir la celebración del referéndum del 1-O y que estaban hospedados en un hotel de la localidad.
Según el fallo consultado por Europa Press, unos 500 agentes del CNP fueron alojados a finales de septiembre de 2017 en la localidad de Pineda de Mar (Barcelona) en hoteles de la cadena Checkin Hoteles, después de que la compañía suscribiera un contrato con el Ministerio del Interior por el que se acordaba que se alojarían 268 funcionarios del CNP en el Hotel Checkin Mont-Palau y 228 en el Hotel Checkin Pineda hasta el 5 de octubre de 2017.
Este hecho provocó que manifestantes independentistas se concentraran frente al hotel, de Pineda, motivo por el que los condenados –en aquel momento ella era primera teniente de alcalde y él segundo teniente de alcalde– accedieron al interior del hotel y solicitaron al director del mismo el desalojo de los policías.
Durante este encuentro, quedó probado que coaccionaron al director afirmando que, de no hacerlo “tendría problemas en caso de solventar posibles deficiencias administrativas del hotel y que las licencias para ello podrían demorarse hasta 5 años”.
Por temor a que se cumplieran estas represalias, el director procedió a escribir una carta en fecha 2 de octubre de 2017: “Debido a una reunión que hemos tenido con responsables del Ayuntamiento de Pineda de Mar nos vemos obligados bajo amenaza de cerrarnos los hoteles durante 5 años, a desalojar el contingente de Policías Nacionales de los dos hoteles, Checkin Mont-Palau y Checkin Pineda mañana”.
FISCALÍA PEDÍA 3 AÑOS
Por estos hechos la fiscalía pedía para Aragonès y Masnou hasta 3 años de prisión, pero tras un acuerdo de conformidad, aceptaron un año de prisión e inhabilitación especial para todo tipo de cargo o empleo público y al pago de un tercio de las costas procesales como autores de un delito de coacciones.
Ahora, la Sección 6 de la Audiencia de Barcelona aplica la ley de amnistía a la exconcejal y sostiene que “deben ser cancelados los antecedentes penales derivados de dicha condena” y se debe declarar extinguida su responsabilidad penal.
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