Los concejales Serra y Martín negaron las acusaciones el viernes
BARCELONA, 13 (EUROPA PRESS)
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, declarará este lunes como investigada en el juzgado por presunta prevaricación y coacciones al fondo de inversión Vauras para que diera en alquiler social pisos de su propiedad, entre ellos el Bloc Llavors, que estaban ocupados por familiar vulnerables.
Colau está citada a las 10 horas en el Juzgado de Instrucción 18 después de que la Audiencia de Barcelona ha aceptado la petición de Vauras para reabrir la causa que ya archivó la jueza instructora.
El viernes, declararon los concejales Marc Serra y Lucía Martín y una funcionaria municipal, también investigados, que negaron las acusaciones y contaron a la jueza que representantes del fondo de inversión pidieron al consistorio que acelerara licencias de obras para otros edificios que tienen en la ciudad a cambio de dar en alquiler social para familias vulnerables pisos del Bloc Llavors.
El consistorio multó seis veces a Vauras por un total de unos 400.000 euros por no dar en alquiler social pisos de su propiedad a pesar de ser un gran tenedor.
COLAU, “MUY TRANQUILA”
En una rueda de prensa después que se anunciara su citación para declarar, Colau afirmó: “Estoy muy tranquila. Evidentemente colaboraremos con la justicia como hemos hecho siempre. Esto acabará archivado”, y defendió que el consistorio se ha limitado a cumplir con la ley catalana de vivienda.
Vauras atribuye las presuntas coacciones a dos reuniones entre la empresa y el consistorio donde Martín supuestamente “habría reconocido abiertamente el apoyo del Ayuntamiento al movimiento okupa y la realidad de esas presiones y de ese presunto mercadeo de permisos de obras a cambio de cesión de viviendas para alquiler social”, lo que el Ayuntamiento niega.
Por su parte, el Ayuntamiento ha reconocido que requirió varias veces a Vauras para que ofreciera un alquiler social a las personas que ocupaban su edificio de la calle Lleida 38, conocido como Bloc Llavors, pero recuerda que así lo prevé la ley catalana de emergencia en la vivienda y descarta que el consistorio cometiera ningún delito en el procedimiento.
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