El organismo destaca que se han implementado 8 de las 13 recomendaciones hechas
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 14 (EUROPA PRESS)
El Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (Greco) ha vuelto a reclamar este miércoles a Andorra que haga cambios en la composición del Consejo Superior de la Justicia (CSJ) para conseguir una representación “adecuada” de los jueces y fiscales escogidos por sus compañeros.
Así lo recoge el segundo informe de cumplimiento hecho por el organismo para evaluar las medidas adoptadas por el Principado para implementar las 13 recomendaciones que se incluyeron en la cuarta ronda de evaluación, relativa a la prevención de la corrupción de los parlamentarios, jueces y fiscales.
Según el mismo informe, Andorra ha pasado de cumplir inicialmente tres recomendaciones a “implementar o tratar de forma satisfactoria” ocho de las 13 recomendaciones hechas en la última evaluación.
Entre las cinco que le quedan por cumplir, el Greco ha analizado que cuatro se han “aplicado parcialmente”, mientras que una, la correspondiente al CSJ, no se ha empezado a aplicar.
En este sentido, el organismo ha recordado que desde el Gobierno justificaron que para cumplir la recomendación relativa al CSJ hacen falta “modificaciones constitucionales”.
Además, añadieron que la Ley calificada de modificación de la Ley calificada de la Justicia, aprobada el mes de diciembre pasado, fijó que el nombramiento de jueces, magistrados y fiscales para el CSJ debe justificarse “con razones y pruebas” de la idoneidad de los candidatos y que estos también deben aportar sus curriculums.
El Greco ha señalado que “toma nota” de las modificaciones legislativas que consideran que mejorarán la transparencia del proceso, pero ha considerado textualmente que estos avances no son suficientes y ha insistido en que la recomendación debe aplicarse.
Referente a jueces y fiscales, ha subrayado que la modificación de la ley de la justicia debe incluir la renovación automática del mandato de los magistrados, excepto en los casos disciplinarios.
Igualmente, también ha destacado que se haya establecido una formación en ética e integridad y que se esté considerando desarrollar un sistema de asesoramiento confidencial en cuestiones éticas.
Aun así, ha apuntado que falta asesoramiento confidencial sobre temas relacionados con la ética y la integridad en un ámbito institucional.
También ha destacado que la formación periódica sobre temas relacionados con la ética y la integridad en los fiscales y la posibilidad que los fiscales obtengan asesoramiento confidencial sobre estos temas de forma permanente y no institucionalizada están parcialmente cumplidas.
MEJORAS
El organismo europeo ha celebrado que se hayan hecho “avances” en determinados aspectos ligados a la prevención de la corrupción de los parlamentarios.
Ha destacado la aprobación de un código de conducta en el Consell General (Parlamento) y ha apuntado le faltan “comentarios explicativos o ejemplos” para facilitar su aplicación.
También ha analizado la falta de designación de personas competentes para emitir dictámenes confidenciales externos y ha considerado que el sistema “aun no es operativo”.
El Greco ha valorado que ocurre lo mismo con la declaración pública de bienes e intereses de los parlamentarios, porque la regulación no es pública.
Ha indicado que comprende las especificidades ligadas al país y la “proximidad” de los vínculos entre sus ciudadanos, pero ha remarcado que la transparencia de las actividades de los representantes electos es un factor importante, según él, para prevenir el riesgo de corrupción.
Así, ha defendido que esto implica la publicación de sus declaraciones patrimoniales así como las de los miembros de sus hogares, aunque en este último caso ha añadido que no deben ser “necesariamente” públicas.
De hecho, el Greco ha considerado que este tipo de acción, en el caso de Andorra, se considera “más relevante” porque la mayoría de parlamentarios trabajan a tiempo parcial.
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