VALLADOLID, 20 (EUROPA PRESS)
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha destacado este jueves que las ayudas al pago de las hipotecas “se estudiarán caso por caso y las urgentes se resolverán antes de un mes”, en referencia a aquellas situaciones en las que exista el peligro de lanzamiento judicial de la vivienda.
El objetivo no es otro que “ayudar a las familias más vulnerables, a los que peor lo están pasando, y, por otro lado, ayudar a recuperar la normalidad a familias que están en esa situación límite y que por circunstancias puntuales necesitan este apoyo para no pasar al siguiente escalón y caer en esa situación de pobreza”, ha matizado la consejera tras la celebración del Consejo de Gobierno en el que se ha aprobado un decreto ley que amplía a las familias con ingresos medios las ayudas para el pago de la hipoteca.
En concreto, tal y como anunciara este miércoles el propio presidente, Alfonso Fernández Mañueco, la Junta ha autorizado la ampliación del umbral de renta hasta cuatro veces el IPREM, más un porcentaje en función de los miembros de la familia, en la prestación para atender la cuota hipotecaria.
El objetivo es ampliar la población susceptible de solicitar esta ayuda y llegar así, además de las rentas bajas, a las que tienen ingresos medios y que pueden precisar de una “ayuda puntual”, ha reiterado la consejera del ramo, quien, en declaraciones recogidas por Europa Press,
El Gobierno de Castilla y León ayuda a las familias con problemas para pagar su hipoteca con una prestación frente a situaciones de deuda hipotecaria, que fue creada por ley en 2018. Ahora, ante el contexto actual de subida de precios e incremento de los tipos de interés, la Junta ha decidido ampliar esta prestación para llegar de manera rápida a un número mayor de beneficiarios familias.
Se trata de ampliar esa cobertura también a las rentas medias, que pueden verse en situación o riesgo de impago de sus cuotas hipotecarias por el actual contexto económico, marcado por el desmesurado incremento de los precios y de los tipos de interés en los préstamos hipotecarios, disminuyendo sensiblemente su capacidad económica para afrontar el total de gastos de la economía familiar.
Por ejemplo, para una familia con cuatro miembros, el umbral de renta pasará de los 13.780 euros actuales a 35.262 euros anuales. Además, se incrementará el 16 % la cuantía máxima de esta prestación, hasta los 4.053 euros por año.
Estas mejoras supondrán más que duplicar la dotación, que pasará de 2,5 millones de euros a 6 millones de euros–la cantidad podría verse ampliada, en función de la demanda–, con el reto de ayudar a más familias con problemas a pagar su hipoteca.
Si en 2021 el servicio atendió a 551 familias y se concedieron 283 prestaciones, este año han sido ya 408 las atendidas y 162 las prestaciones concedidas, con lo que se espera que antes de que concluya 2022 se pueda llegar al millar de familias beneficiadas.
Eso sí, la consejera ha matizado que “se va a analizar caso por caso cuando se llame, no se trata de conceder a todos 4.000 euros sino de analizar por qué se ha llegado a esa situación y qué se puede hacer. Habrá una solución individualizada y se intentará que, en casos de urgencia, se produzca antes de un mes. No solo se trata de dar dinero sino de poner sobre la mesa otro tipo de actuaciones, como la intermediación con la entidad bancaria, entre oras”.
El acceso a la prestación será ágil y sencillo, a través del teléfono de la Junta para Atención al ciudadano, 012, que pondrá en contacto a cada persona con una de las 30 oficinas de apoyo a las familias en riesgo de desahucio que tiene desplegada el Gobierno autonómico por toda la Comunidad en colaboración con las entidades locales.
REQUISITOS
Entre los requisitos de acceso a esta prestación, se encuentran que la persona titular de la vivienda esté empadronada en algún municipio de Castilla y León con, al menos, seis meses de antigüedad al momento de la fecha del inicio del correspondiente procedimiento; y que, según informe técnico, se encuentre en situación de riesgo de impago o situación de impago de cuotas del préstamo hipotecario de su vivienda habitual, siempre que ello no sea imputable a la actuación voluntaria de la persona obligada a su pago.
Por otra parte, con la prestación se podrán atender los siguientes gastos específicos: pago de la cuota hipotecaria; gastos ordinarios de novación de préstamo hipotecario o de resolución de éste en los casos de dación en pago, tales como tasación, notaría, gestoría y registro; cuotas vencidas cuando dicha deuda imposibilite los acuerdos con la entidad financiera o suponga riesgo inminente de inicio de ejecución hipotecaria; levantamiento de embargos de pequeña cuantía, y finalmente gastos extraordinarios para mudanza y alquiler.
“Dada la situación actual, es una medida más para proteger a las familias más vulnerables y a las que puntualmente quedan expuestas y puedan necesitar ayuda”, ha concluido Blanco.
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