VALLADOLID, 28 (EUROPA PRESS)
El consejero de Industria, Comercio y Turismo, Mariano Veganzones, de Vox, ha considerado que el requerimiento judicial del Gobierno de la nación a la Junta de Castilla y León para que reponga el Servicio Regional de Relaciones Laborales (Serla) es el “lanzamiento” y una “campaña electoral que se llama Sumar” –el proyecto político vinculado a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanada Díaz– “de la mano de Pedro Sánchez”.
De este modo se ha pronunciado Veganzones en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo a la que ha acudido este martes para responder sendas preguntas del Grupo Parlamentario Socialista sobre cursos de formación y sobre los “innumerables” ceses en este departamento en lo que va de legislatura, en palabras del procurador Pedro González Reglero que ha acusado al consejero de Vox de estar “arrasando” Castilla y León en un “momento clave” para la Comunidad.
Veganzones, que ha respondido a la explicación de esos ceses en su departamento con una referencia a los más de 148 ceses que han tenido lugar en el Gobierno de la nación, al que se ha situado en la ‘Champions League’ de las bajas de altos cargos, ha aprovechado la ocasión para cargar contra el “inademisible” requirimiento del Ministerio de Trabajo sobre el SERLA a través de un “esperpéntico escrito con un despropósito jurídico” que, en su opinión, relata una “ínfima calidad técnica impropia de los funcionarios de ese Ministerio”.
Para el consejero de Industria, el requimiento del Gobierno a la Junta es un “burdo cortapega al dictado de los sindicatos de Castilla y León que en Ministerio ni siquiera se han molestado en repasar”.
Mariano Veganzones ha aseverado que en su departamento han leído atentamente “el documento que se dice llamar requerimiento” para llegar a la “irrefutable conclusión” de que “no queda otro remedio que inadmitir de plano todas sus pretensiones”, en primer lugar, ha explicado, porque el Ministerio de Trabajo carece de competencias para la remisión del requerimiento que ha recibido la Junta.
Según ha recordado, el objeto del requerimiento es la ausencia de la financiación pública de la Fundación del SERLA que, según ha rememorado, es una fundación pública que se constituyó en base a un acuerdo privado entre sindicatos y patronal, “algo que no hubiera sido legalmente posible de forma ordinaria y que debería haber sido considerada nula de pleno derecho si la Administración no le hubiera otorgado un carácter tripartito”.
El consejero se ha reafirmado en que ninguna norma ni sentencia establece la obligación de financiar el SERLA puesto que sería “un dislate jurídico” y ha aclarado que desde el 2 de octubre de 2020 no existe ningún acuerdo de financiación con la Junta porque el acuerdo fue denunciado “en tiempo y forma”, a lo que ha añadido que los presupuestos de 2023 tampoco contemplan una partida para esta Fundación.
“En definitiva –ha concluido– el requerimiento se dirige contra un acto contra el que no cabe recurso contencioso-administrativo y menos aún ningún requerimiento ni nada parecido”.
El segundo motivo de inadmisión del “mal llamado requerimiento” esgrimido por el consejero es que se ha registrado fuera del plazo de dos meses, un tiempo que “ya se ha excedido en cualquier cómputo que se quiera realizar”.
También ha considerado “sorprendente” que la ministra crea que la facultad que otorga la legislación a los sindicatos para establecer las soluciones autónomas incluya la potestad de incluir entidades de carácter público y con financiación pública y a decisión “al libre albedrío” de los sindicatos y ha ironizado al respecto sobre la posibilidad de que los representantes de los trabajadores puedan establecer “a su gusto y placer el dinero que debe ponerse a su disposición para financiarse un chiringuito que ellos mismos han decidido crear”, todo ello, ha añadido, al margen de la competencia presupuestaria de la Comunidad Autónoma “e, incluso, del propio Estado”.
“Sería un cheque en blanco sin límites”, ha advertido Mariano Veganzones para quien con la interpretación de la ministra habría que financiar “decenas de SERLAs con dinero público” en el caso de que lo decidan así los sindicatos en cada convenio colectivo sectorial o en cada acuerdo profesional de los autónomos.
Veganzones ha recordado por último que la Constitución Española otorga autonomía financiera a las comunidades autónomas por lo que ha insistido en que el Estado no puede interferir en esa autonomía.
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