VALLADOLID, 3 (EUROPA PRESS)
Unidas Podemos insta a las Cortes de Castilla y León a abrir un debate con la comunidad educativa pública, el diálogo social y el conjunto de órganos rectores de centros públicos que ofrezcan servicio de comedor para desarrollar un marco legislativo autonómico dirigido a dar al mismo seguridad jurídica y administrativa.
El portavoz de Unidas Podemos, Pablo Fernández, defenderá este miércoles en el parlamento autonómico una PNL al respecto para que los centros públicos con cocina sean los encargados de elaborar los menús ofrecidos en el conjunto de los centros sostenidos con fondos públicos.
Estiman que una apuesta decidida por los comedores escolares como servicio público fomentaría “tanto la calidad alimentaria que reciben las personas usuarias como la economía circular, el empleo ligado al territorio y la salida al mercado de los productos de proximidad de agricultores y ganaderos de Castilla y León”.
UN SERVICIO PARA 43.000 ESCOLARES
Para Unidas Podemos, el comedor escolar es “un servicio público que ofrece a las familas vulnerables la posibilidad de acceder a una alimentación saludable” y remarca que este servicio es utilizado diariamente por al menos 43.000 escolares en los 521 comedores escolares existentes en los centros docentes públicos.
Cree que la Junta de Castilla y León, aún a costa de contradecirse a sí misma, persigue la externalización de un servicio que no debería de ser “un complemento de carácter educativo”, sino que tendría que contemplarse como “parte del proceso educativo del alumnado y que, a su vez, garantice su carácter gratuito y universal”.
Señala la coalición de izquierdas que la mayoría de los nuevos centros educativos se construyen ya sin cocina “con un office que alberga solo nevera y horno para recalentar la comida” y que este formato se encuentra con “la oposición frontal de las familias”.
Recuerda Unidas Podemos que la Confederación de Federaciones de Asociaciones de Padres y Madres de Castilla y León (Confapacal) y los Comités de empresa de las diversas provincias han denunciado que ven en la privatización de las plazas públicas en los comedores escolares “una precarización de las condiciones de trabajo y un peor servicio de alimentación”.
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