VALLADOLID, 21 (EUROPA PRESS)
La Policía Nacional ha desarticulado a un grupo criminal que durante cinco años ha explotado en el campo a trabajadores extranjeros en situación irregular en la provincia de Valladolid, período en el que creó hasta nueve empresas para defraudar a la Seguridad Social, lo que ha derivado un descubierto de cuotas que supera los 155.000 euros.
En el marco de esta operación, denominada ‘Pupi’, se han detenido a cinco personas miembros del entramado que se dedicaban a la intermediación agraria, es decir, proporcionar a los agricultores mano de obra para trabajar en el campo para realizar labores tales como vendimia, recogida de patata o poda en seco, entre otras actividades.
En concreto, los trabajadores eran seleccionados y dados de alta en la Seguridad Social por la empresa intermediaria, quien al finalizar los servicios emitía una factura al agricultor, su cliente, si bien las obligaciones de cuotas por disponer de empleados no eran cubiertas.
En el momento de comenzar a recibir requerimientos de pago o tener que realizar nuevos contratos con clientes que exigían el certificado de estar al corriente de pago con Seguridad Social, otro miembro del grupo entraba en juego y se creaba una nueva empresa a su nombre, con idéntica actividad, mismos trabajadores y clientes.
Al tratarse de una empresa de nueva creación, estaba “limpia” de deuda con la Seguridad Social, con lo que disponía del certificado de estar al corriente de pago para ser presentado a sus clientes, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado recogido por Europa Press.
Así, se continuaba con los contratos a trabajadores y la facturación a los clientes, de manera que la deuda con la Seguridad Social aumentaba ya que no se cubrían las cuotas establecidas por las contrataciones.
El entramado criminal ha desarrollado su actividad bajo este modus durante más de cinco años, en los que todos ellos fueron titulares de empresas unipersonales, por lo que junto a su propio nombre figuraba una deuda sin cubrir con la Seguridad Social.
Además de este fraude a la Seguridad Social, el entramado daba ocupación a trabajadores sin autorización de residencia y trabajo en España y recurría a la imposición de condiciones laborales abusivas consistentes en jornadas laborales de lunes a domingo sin descansos ni vacaciones.
En concreto, estas jornadas comenzaban a las 6.00 horas, sin hora de finalización, si bien eran habitualmente de entre diez y doce horas diarias y por un salario de cinco euros la hora que nunca llegaron a percibir en su totalidad.
Además, a estas personas en situación irregular se les proporcionaba una vivienda insalubre, el garaje de la vivienda donde residían otros trabajadores, un habitáculo que era compartido por cinco personas y que disponía únicamente de colchones en el suelo para dormir y una bombona de gas para calentar comida, sin que hubiera un baño para aseo.
El grupo criminal operaba principalmente en la provincia de Valladolid y los descubiertos de cuotas de la Seguridad Social del conjunto de empresas ascienden a más de 155.000 euros, al margen de otras cantidades debidas en concepto de deudas también generadas por los titulares de las empresas en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.
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